Fueron judicializados el mayor Pedronel Jiménez Cárdenas, el sargento segundo Cristian Padilla Villanueva y Luisa Fernanda Salgado Fernández.
Actividades investigativas
orientadas por la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección
Especializada contra las Organizaciones Criminales, permitieron detectar un
entramado ilícito que habría infiltrado operaciones en contra de estructuras
delincuenciales en Bogotá y Cundinamarca, así como esquemas de protección; y
obtenido información de seguridad nacional.
Los presuntos involucrados en estas
actividades ilegales fueron identificados como el mayor Pedronel Jiménez
Cárdenas, el sargento segundo Cristian Padilla Villanueva y Luisa Fernanda
Salgado Fernández.
Estas personas fueron capturadas en
diligencias realizadas de manera conjunta con el Ejército Nacional y la Policía
Nacional en un inmueble de la localidad de Puente Aranda, en el Cantón Norte y
en el Distrito Militar N°3 del Ejército Nacional, en Bogotá. La Fiscalía las
presentó ante un juez de control de garantías y les imputó, de acuerdo con su
posible participación en los hechos conocidos, los delitos de concierto para
delinquir agravado, simulación de investidura o cargo, revelación de secreto y
fraude procesal.
De acuerdo con la
investigación, entre marzo de 2024 y abril de 2025, el mayor Jiménez, en su
calidad de comandante de una unidad del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas
No. 5 (BAFUR 5), habría permitido el ingreso de Salgado Fernández a las
instalaciones militares y la participación en operaciones tácticas y de inteligencia.
La mujer, haciéndose pasar
como capitán, es señalada de asumir funciones exclusivas de los oficiales,
ingresar a reuniones interinstitucionales y acceder a información de carácter
reservado, secreto y ultrasecreto relacionada con indagaciones en curso,
composición de los esquemas de seguridad de altos dignatarios y procedimientos
judiciales contra estructuras criminales, entre estas el ‘Tren de Aragua’.
En el caso del sargento
segundo Padilla Villanueva, los elementos materiales probatorios indican que
sería el encargado de facilitar la entrada de la particular a las instalaciones
militares, y permitirle interactuar con la tropa e involucrarse en actividades
de inteligencia y entrenamiento táctico.
También se le atribuye la
entrega de detalles sobre los movimientos de la unidad y de la logística para
la utilización de equipos de comunicaciones y drones en las misiones, lo que
permitió a la particular disponer de detalles de interés estratégico sin
cumplir con los protocolos de seguridad ni contar con autorización.
De esta manera, quedaron en
manos de un civil documentos oficiales, imágenes aéreas, planes de allanamiento
y productos de inteligencia. Con esta fuga de material, en algunas
oportunidades, se solicitaron y ejecutaron diligencias judiciales, y se indujo
en error a fiscales y jueces al hacerles creer que los reportes provenían de
fuentes legales y verificadas.
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