La Fiscalía General de la Nación ha dado un paso trascendental en la búsqueda de justicia para la periodista Jineth Bedoya Lima.
POR RODRIGO ROJAS GARZÓN
Periodista Huila Hoy
prensarodrigorojasg@gmail.com
En un hecho que marca un hito en el caso, la Fiscalía ha vinculado formalmente a exdirectores de la Dijin y el Inpec, junto con otros exfuncionarios, por su presunta omisión de deberes que permitió el ataque sufrido por la comunicadora en el año 2000.
Estos exfuncionarios son señalados
de haber facilitado el actuar de paramilitares que, desde la cárcel La Modelo
de Bogotá, planearon las agresiones contra Bedoya. La decisión judicial se
centra en la posible complicidad de agentes estatales en uno de los crímenes
más simbólicos contra la prensa en Colombia.
Los implicados en el caso
El 25 de mayo del 2000,
mientras investigaba el tráfico de armas en la prisión La Modelo, Jineth Bedoya
fue secuestrada, drogada, torturada y violada por miembros de las Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC). Este brutal ataque, que duró 16 horas, fue una trampa
en la que, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, intervinieron
policías de la cárcel.
Los exfuncionarios y el exparamilitar vinculados al proceso son:
José Leonardo Gallego Castrillón,
exdirector de la Dijin.
Fabio Campos Silva, exdirector
del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Luis Bernardo Maldonado
Bernate, exsubdirector del Inpec.
Jaime Gallo Zuleta, exasesor
de la Dirección del Inpec.
Reinaldo Fierro Rico,
exdirector de la cárcel La Modelo.
Evangelista Basto Bernal,
exmiembro del Frente Capital de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Lucha por la justicia
A lo largo de más de dos
décadas, Jineth Bedoya se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la
impunidad y la violencia sexual. A pesar de las amenazas de muerte, ha
abanderado la causa de las mujeres que, como ella, han sido víctimas de abusos.
Su persistencia logró una
victoria histórica en 2021, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos
condenó al Estado colombiano por su responsabilidad en las violaciones a sus
derechos y ordenó medidas de reparación. Esta sentencia no solo le dio
esperanza a Bedoya, sino que también inspiró a muchas otras mujeres a romper el
silencio y denunciar sus casos.
Los cinco exfuncionarios y
Basto Bernal serán procesados por los delitos de concierto para delinquir
agravado, secuestro extorsivo agravado, tortura y acceso carnal violento
agravado. El proceso se adelanta conforme a la Ley 600 de 2000, sin afectar la
competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), lo que refleja el
compromiso de las autoridades de llevar este caso hasta sus últimas
consecuencias.
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