Con esta determinación, el exmandatario puede continuar defendiéndose en libertad mientras se produce el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, que revisa la sentencia en su contra.
La Corte Suprema de Justicia de Colombia ratificó en el día de hoy, a través de su Sala de Casación Penal, la decisión de un juez que concedió la libertad al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
La decisión de la Corte Suprema,
conocida este jueves 18 de septiembre, se tomó tras considerar que la
fundamentación del juzgado de primera instancia para la detención preventiva no
era lo suficientemente sólida. Según el alto tribunal, el juez no sustentó de
manera adecuada la razonabilidad y proporcionalidad de la medida, un principio
clave en el ordenamiento jurídico colombiano que establece que la privación de
la libertad debe ser la excepción y no la regla.
El fallo de la Corte señala que, aunque el juzgado mencionó criterios para justificar la detención, "no se advierte en qué consistió la razonabilidad y proporcionalidad". Los magistrados indicaron que la decisión se basó en "manifestaciones genéricas" y "factores volátiles e indeterminados", como la percepción ciudadana, lo que no constituye un argumento jurídico tangible para restringir la libertad.
Lo que sigue en el proceso
La ratificación de la libertad de
Uribe no significa que el caso haya terminado. El proceso judicial continúa en
el Tribunal Superior de Bogotá, que es la instancia encargada de emitir un
fallo sobre la sentencia de 12 años de prisión que fue impuesta al exmandatario
en primera instancia por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación
penal.
Mientras el Tribunal Superior de
Bogotá toma una decisión, el expresidente Uribe se mantendrá en libertad. El
Tribunal tendrá la responsabilidad de analizar las pruebas presentadas por la
Fiscalía y la defensa para determinar si hay méritos para confirmar la
sentencia, revocarla o modificarla.
La decisión de hoy marca un hito en
un proceso judicial que ha captado la atención nacional e internacional. El
caso ha puesto de manifiesto la complejidad de los procesos judiciales que
involucran a figuras públicas de alto perfil y la necesidad de una
argumentación jurídica robusta para cualquier medida que restrinja la libertad
de un ciudadano. La Corte Suprema ha sido enfática en que cualquier futura
restricción deberá estar sustentada en razones claras y verificables.
No hay comentarios:
Publicar un comentario