POR: JULIO BAHAMON VANEGAS
Los
escándalos de corrupción que enlodan al actual gobierno ya no sorprenden:
Unidad de Víctimas, Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, Agencia
Nacional de Tierras, DPRE, ministerios de salud, interior, de la Igualdad y
otros clave, regalías desviadas en gobernaciones como la del Huila, según
informes de la Contraloría General de La Nación, denunciaron que en los últimos
20 años, durante administraciones a cargo de
las mafiofamilas, González Villa
y Villalba Mosquera, se han robado un promedio $35.000 millones de pesos anuales
de regalías. La lista es larga, los montos millonarios y el descaro es
evidente. Al país lo han saqueado y “no pasa nada”. Ya la ciudadanía perdió la
vergüenza y ni se inmuta, y el país se hunde en la podredumbre.
Por
su parte el presidente Gustavo Petro evade toda responsabilidad, a pesar de que
su hijo Nicolas está a las puertas de una sentencia condenatoria por
corrupción, enriquecimiento ilícito, investigado por la fiscalía general de la
nación, y sin escrúpulos, frente al auge de la producción de cocaína y ante una
violencia desbordada, prefiere no actuar, y culpar a los medios de comunicación
por “exagerar” la crisis.
La
Fiscalía, por su parte, actúa sin garantías de resultados frente al crimen. No
respalda las investigaciones, interfiere a los responsables de las pesquisas
interviniendo para nombrar fiscales adjuntos con la intención de enredar los
procesos y proteger intereses políticos, llevándose por delante a la autonomía
judicial, alimentando la desconfianza ciudadana.
Ante
esta realidad, lo que debería preocuparnos ya no es lo que se han robado, sino
lo que podrían robarnos: las elecciones de 2026, si la corrupción se instala
también en el sistema electoral, con lo que perderíamos la barrera de defensa:
la voluntad popular. Al fin y al cabo, lo que ya se robaron los podremos
rescatar, así lo haremos en el Huila, pero si nos roban las elecciones, ahí
sí, que entre el diablo y escoja.
Si
esto llegare a ocurrir, “después de que el ojo este afuera, ya no habrá Santa
Lucia que valga”.
La
crisis institucional es bárbara, y amenaza con devorarlo todo. Por eso los
colombianos no podemos bajar la guardia, necesitamos estar alertas, unidos,
ejerciendo una presión democrática que sirva como dique de contención para
impedir que nos arrebaten el derecho a elegir libremente.
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