El día 6 de
noviembre de 1985, el Dr. Luis Carlos Galán Sarmiento nos había citado al medio
día al restaurante del Jockey Club, a la bancada del movimiento Nuevo
Liberalismo, a un almuerzo de trabajo legislativo. Era una disciplina que nos
habíamos impuesto, semanalmente, la de reunirnos todos sus congresistas en
algún lugar de la ciudad, a fin de hacer un análisis juicioso de los avances y
pormenores de los proyectos de Ley y de reformas legislativas que se discutían
en ambas cámaras, reuniones en las que los distintos congresistas, senadores y
representantes informábamos a los compañeros de nuestro trabajo como
legisladores. Esa disciplina, al término del gobierno de Belisario Betancur, lo
animo a declarar gratitud al partido y a definir, entonces, al congreso de la república,
como un Congreso Admirable.
Aún no nos
habían servido el almuerzo cuando se acercó a la mesa uno de los asistentes del
club para decirle al Dr. Galán que lo estaban llamando del Palacio presidencial,
de parte del señor presidente de la República. El Dr. Galán se levantó de la mesa,
atendió a la llamada, y regreso a la mesa muy rápido para decirnos que: existía
una alarma en la presidencia por la supuesta entrada de dos hombres armados al
palacio de justicia, y que lo estarían informando.
Nosotros
continuamos la tarea: minutos después
regreso nuevamente el mesero para decirle al Dr. Galán que lo llamaban
nuevamente desde la presidencia, y preocupado acudió a recibir la llamada, en
esa comunicación ya la dijeron, que se trataba de una incursión de un grupo de
guerrilleros del M-19, que se habían “metido” por la fuerza al interior del
palacio de justicia y que estaban demandando la presencia del presidente de la
República para que fuera a dialogar con los rebeldes. En ese momento se levantó
la reunión y todos salimos hacia el Congreso de La República, a ver de qué
manera se podía ayudar en esas difíciles circunstancias de la historia nacional.
El director
del movimiento se dirigió a la presidencia a reunirse con el presidente de la
república. Los congresistas para sus oficinas en el edificio del Congreso de
Colombia.
Yo había
terminado mi periodo como primer vicepresidente de la Cámara de Representantes
y resolví asistir a una reunión extraordinaria del congreso en pleno que citaron
los presidentes del senado y de la Cámara de Representantes, para analizar la gravísima
situación que se estaba presentando en el edifico emblemático de uno de los
poderes del Estado, el Palacio de Justicia. En esa reunión pude constatar la cobardía
que rondaba por las almas de los “padres de la patria” Desde una ventana, que
daba a la Plaza de Bolívar vi como
nuestro ejército, por órdenes del general Miguel Francisco Vega Uribe,
comandante de las fuerzas armadas, ingresaba a la escena con la orden de
retomar militarmente el templo de la justicia colombiana.
Por
investigaciones oficiales posteriores, se comprobó que esa acción demencial y
temeraria tuvo influencia del Cartel de Medellín, directamente de su capo Pablo
Escobar Gaviria, de quien el M-19 recibió la suma de US$ 5 millones de dólares
para financiar la operación que tuvo como fin quemar los archivos de la sala
penal que contenían expedientes relacionaos con la extradición de los
principales jefes de la mafia colombiana, a los Estados Unidos.
40 años después,
ante las dudas por la debilidad de las investigaciones, salen algunos
redactores de la política, a poner en tela de juicio el papel que jugo el
presidente de la república y las fuerzas armadas de la nación.
Le escuché hace unos días al exministro de Justicia, exprocurador general y exfiscal
General Dr. Alfonso Gómez Méndez, afirmar que, si bien fue verdad, que el
palacio de justicia fue incinerado por los violentos del M-19, no es probable
que hubiesen sido contratados para desaparecer, específicamente, los
expedientes de extradición, porque existían copias de los mismos en el ministerio
de Justicia y la Cancillería. Es posible, pero los facinerosos no sabían ni tenían
porque saberlo.
Le oí a un
veterano periodista afirmar que, al Magistrado y presidente de la Corte Suprema
de Justicia, Alfonso Reyes Echandía lo habían encontrado con un proyectil
calibre 9mm en su cabeza y que ese proyectil pertenecía a un arma del ejército
colombiano. Tamaña estupidez, como si acaso una bala de ese calibre no pudiera
ser disparada por un arma, pistola, en manos de uno de los comandantes del M-19,
que lo apresaron en su afán genocida, lo llevaron a un baño en donde apareció
su cuerpo.
Una señora
que no logre identificar, afirmó antier en una entrevista, que el incendio al
interior del palacio, lo provocó un disparo de bazuca, que impacto contra la
fachada a la altura del segundo piso del edificio, cuando se comprobó que las
llamas no descienden, sino que suben, lo que demuestra que el incendio fue alimentado
por los sediciosos desde los sótanos del palacio.
Lo único que
no podrán hacer desaparecer de la memoria de los colombianos es la autoría del
asalto cometido por miembros criminales de esa agrupación genocida. El M-19, el
grupo
Lo peor, de
lo peor, la más grande infamia e insulto a Colombia, la dijo en su red X el bárbaro
presidente de Colombia, Gustavo Petro, que califico el genocidio, como una genialidad.
Petro con esa
afirmación se fue con todo contra la estructura del Estado democrático
colombiano. Una palabra de un loco, pero de un loco peligrosísimo.
11 honorables
Magistrados de la Suprema y del Consejo de Estado fueron masacrados, y más de
100 ciudadanos murieron calcinados durante la demencial operación genocida
cometida por el grupo narcoterrorista del M*19. Esa barbarie no tiene perdón de
Dios. Los perdono la justicia humana, pero los condenara eternamente, la
opinión de todo un país.
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