El proyecto de intervención del parque central en el Municipio de Mocoa, se tramitó durante su administración, sin contar con estudios serios de conveniencia y de oportunidad, y sin los permisos y licencias de ley.
Ante una magistrada del
Tribunal Superior de Bogotá, en función de control de garantías, una fiscal
delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputó al exgobernador de Putumayo,
Jimmy Harold Díaz Burbano, como presunto responsable del delito de contrato sin
cumplimiento de requisitos legales.
Las evidencias dan cuenta de
que estaría involucrado en las irregularidades detectadas en un contrato
suscrito el 16 de diciembre de 2015, por más de 7.838 millones de pesos, que
tenía como propósito la intervención general del parque Santander, en el centro
de Mocoa (Putumayo).
Inicialmente, el exgobernador presentó ante el
Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad) Regional Sur el proyecto
para financiar las obras con recursos de regalías, sin contar con la licencia
de construcción y los permisos ambientales, en medio del rechazo generalizado
de la comunidad, y desatendiendo los conceptos negativos de viabilidad emitidos
por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Vivienda.
Finalmente, el contrato fue
celebrado. Se dispuso la demolición de 4.308 metros cuadrados de placas de piso
y la tala de árboles, afectando el hábitat de la fauna silvestre, para la
construcción de un parqueadero, vías y otras obras previstas. Esto se habría
planteado sin estudios serios de conveniencia y oportunidad, en el entendido de
que los componentes técnicos, jurídicos, ambientales y administrativos estaban
incompletos.
Adicionalmente, se conoció que para avanzar en la iniciativa fue modificado el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Mocoa, sin tener en cuenta que el parque era bien cultural y patrimonial del municipio por lo que no podía ser objeto de cambios en el uso del suelo.
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