El 6 de noviembre de 1985, entre las 10:30 y 11:30 de la mañana, un comando de aproximadamente 35 guerrilleros del M-19 (Movimiento 19 de Abril) irrumpió violentamente en el Palacio de Justicia, ubicado en la Plaza de Bolívar de Bogotá.
Cuarenta años después, la Toma y
Retoma del Palacio de Justicia sigue siendo uno de los episodios más dolorosos
y controvertidos en la historia de Colombia, dejando un saldo de más de un
centenar de muertos y una profunda fractura en el tejido social e institucional
del país.
El M-19 tomó como rehenes a cerca
de 300 personas, incluidos los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y
del Consejo de Estado. Su objetivo principal era someter a un juicio político
al entonces presidente, Belisario Betancur Cuartas, bajo la premisa del
incumplimiento de los acuerdos de paz.
El Gobierno, encabezado por el
presidente Betancur, y las Fuerzas Armadas, decidieron recuperar el edificio
mediante una operación militar y de inteligencia con el uso de tanques,
explosivos y helicópteros. El presidente Betancur comunicó públicamente las
razones por las cuales no se daría la orden de alto al fuego, desatando una "retoma"
que se extendió por 28 horas de terror.
Palacio de Justicia fue destruido por el fuego
cruzado, el saldo final fue de 101 personas muertas, incluyendo 11 magistrados
de la Corte Suprema, empleados judiciales, civiles y 33 guerrilleros. Además,
se registraron 11 personas desaparecidas (empleados de la cafetería y
visitantes), cuya suerte sigue siendo un punto de quiebre en la búsqueda de la
verdad.
El llamado "Holocausto del
Palacio de Justicia" tuvo consecuencias devastadoras y duraderas, tanto
políticas como judiciales:
Fragilidad Institucional: El hecho
evidenció la fragilidad del Estado ante la violencia política y la crisis
institucional que afectaba al país.
Implicación del Narcotráfico:
Informes y comisiones posteriores han explorado la posible conexión entre el
M-19 y el Cartel de Medellín (liderado por Pablo Escobar), quien habría estado
interesado en la quema de expedientes relacionados con la extradición de
narcotraficantes a Estados Unidos, un tema clave que la Corte estaba
debatiendo.
Condena al Estado: En 2014, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado colombiano por
la desaparición forzada de once personas y la ejecución extrajudicial de un
magistrado, señalando el uso excesivo de la fuerza durante la retoma.
Verdad Incompleta: A 40 años,
persisten las dudas sobre el margen de responsabilidad del Estado, la actuación
de los altos mandos militares, y las circunstancias exactas en las que murieron
las víctimas. Las Altas Cortes y los familiares de las víctimas continúan
reclamando verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
La memoria del holocausto del Palacio no se borra, y el aniversario se convierte cada año en un llamado a defender los valores fundamentales del Estado social, de derecho, la democracia y la reconciliación en nacional.
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