Por Julio Bahamon Vanegas
El gobierno
departamental acaba de presentar a la Asamblea el proyecto de Presupuesto
General del Huila para la vigencia 2026, estimado en $1,39 billones de pesos. A
primera vista, la cifra parece promisoria, incluso histórica. Sin embargo, al
mirar detrás de los números, se asoma una realidad mucho menos alentadora: Una
desfinanciación de $600 mil millones de pesos, roto fiscal, deja al proyecto
del gobierno en apenas $790 mil millones de pesos efectivos, es decir, el 43%
de los recursos proyectados no existen. Estos dependen de ayudas del Gobierno
Nacional que ni están firmadas, ni aseguradas por el gobierno derrochón y falaz
de Gustavo Petro.
El
presupuesto presentado se asemeja más a una declaración de buenas intenciones
políticas que a un plan fiscal serio y aterrizado. El cálculo del presupuesto
se realizó sobre supuestos de cofinanciación nacional y en ingresos inciertos,
lo que podría configurar un presupuesto irreal, inflado, y en la práctica
inejecutable.
Un
presupuesto sin respaldo es una forma de engaño: el gobernador Villalba está
prometiendo a los huilenses, en vísperas de las elecciones, más de lo que puede
cumplir. Lo que no ha pensado Villalba es que ese tipo de ilusión contable es
grave. Muchos de los proyectos con los que se hizo elegir hace dos años se
quedaran en ilusiones no financiables y sin resultados concretos.
Como decimos,
si se descuentan los $600 mil millones de pesos de la suma mentirosa que
presento el gobierno, la realidad es que el presupuesto real del Huila llega
apenas a $790 mil millones de pesos. De ese monto, la mayor parte se irá a gastos de
funcionamiento, burocracia, transferencias obligatorias y algo para el sector
social, quedando muy poco para inversión productiva o desarrollo regional.
No se
entiende que en este proyecto engañoso algunas dependencias de la
administración contemplen crecimientos notables justo antes de las elecciones
legislativas y presidenciales del 2026: $26 mil millones para el despacho del
gobernador; $19 mil millones para la secretaria de gobierno; $ 79.000 millones
para la secretaria general; y $19.000 millones para IDACO, entre otras perlas.
Estas cifras, que contrastan con la escasez de recursos para obras de los
campesinos, en vías y desarrollo económico, despiertan sospechas sobre un uso
político de los dineros de los Huilenses en un año claramente electoral.
El déficit de
$600 mil millones no es un pequeño detalle, equivale a la mitad de un
presupuesto de inversión, y si Petro no le cumple, Villalba se verá obligado a
recortar programas, aplazar contratos (a temblar los ingenieros que estaban
haciendo fila) y admitir que su pomposo plan de “Un Huila Grande” le quedo demasiado
grande.
Hago un llamado a la Asamblea Departamental a ejercer el control y actuar con grandeza defendiendo los intereses de los huilenses. Ojalá procedan a exigir los listados de convenios nacionales garantizados, las pruebas de financiación ofrecidas por Gustavo Petro, y explicaciones sobre el aumento exagerado de las partidas puestas a su disposición, para pagar compromisos de su elección anterior e intentar comprar nuevos favores. En conclusión, estamos ante un presupuesto de ilusiones en un año electoral.
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