POR JULIO BAHAMON VANEGAS
El proceso de paz adelantado por el gobierno de Juan Manuel Santos con las Farc sigue siendo uno de los episodios más controvertidos de la historia reciente de Colombia.
Más allá de sus intenciones, el procedimiento mediante el cual se aprobó, y el resultado judicial que hoy exhibe la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ponen en entredicho tanto su legitimidad democrática como su validez jurídica. Esa ilegitimidad y la antijuridicidad de sus sentencias se aplica tanto para los fallos proferidos contra los cabecillas de las Farc, como para los militares que se escudaron en la jurisdicción especializada transaccional, para obtener beneficios. Nunca se debió meter en el mismo “costal” de un proceso viciado, a los militares, quienes tiene su propia justicia, la penal militar.
Violación de la soberanía popular. - El plebiscito de 2016 fue el mecanismo diseñado para que el pueblo colombiano refrendara los acuerdos de la Habana. El resultado fue claro: El NO obtuvo mayoría. En un Estado de Derecho, la decisión popular debe ser vinculante, porque la soberanía reside en el pueblo según artículo 3 de la Constitución Política. En lugar de acatar el veredicto de las urnas, el gobierno tramposo de Santos opto por recurrir al Congreso de la República (prevarico), que mediante una proposición sustituyo la decisión ciudadana. Con esa leguleyada, un mecanismo legal de participación directa, fue sustituido por una proposición que no podía ser considerada nunca, como mecanismo vinculante al texto constitucional, el estropicio presidencial.
De ahí surge la tesis de que todo lo firmado y puesto en marcha posteriormente carece de legitimidad constitucional, y podría ser objeto de demandas, como en efecto ya están en estudio, y revisión de los tribunales competentes.
La Jurisdicción Especial para la paz, JEP, fue uno de los instrumentos de los acuerdos. Sin embargo, los recientes fallos contra los cabecillas de las Farc, declarados culpables de ser autores de 21.300 secuestros, como el que se dio antier contra doce militares acusados de delitos contra la vida, 142 civiles muertos fuera de combate, en lo que se ha llamado “falsos positivos”, condenándolos a penas “restaurativas”, han generado profunda indignación. Ni lo uno, ni lo otro lo, podemos aceptar. La JEP lejos de ser un instrumento de reconciliación, se ha convertido en una jurisdicción permisiva y parcializada. Por ello, los fallos de la JEP contra cabecillas de las Farc, como contra los doce militares, es una afrenta a las víctimas, y una burla a la inteligencia nacional.
La justicia debe ser equitativa y no selectiva, garantizando que ni el Estado ni los grupos al margen de la ley queden por fuera de un escrutinio riguroso.
En resumen, sin justicia real y sin respeto a la voluntad soberana del pueblo, no habrá paz verdadera en Colombia.
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