JULIO BAHAMON VANEGAS
Hoy la JEP, Justicia Especial para La Paz, después de 86 meses de funcionamiento, impuso a los siete cabecillas de las Farc una pena “restaurativa” de ocho años, sin un solo día de cárcel, por haber cometido 21.300 secuestros.
Miles de colombianos fueron encadenados, torturados, sometidos al hambre y a la humillación, quien esto escribe, también fue víctima de un secuestro en 1997, y en esa condición, fue víctima de sus brutales atropellos. Muchos de ellos murieron en cautiverio, otros fueron asesinados previo “juicios sumarios” y jamás regresaron a sus hogares.
¿Puede alguien con sentido de justicia aceptar que semejantes crímenes, en manos de esas bestias humanas, que destrozaron la vida de tantas familias, reciban como castigo una “pena restaurativa”, talleres, simples restricciones de movilidad y proyectos simbólicos?
Miles de esas víctimas sufrieron torturas, desapariciones, violencia sexual y tratos inhumanos. Algunas de ellas en las mal llamadas “cárceles del pueblo”, ¿no es así señor presidente Petro?
La misma JEP, reconoció que cientos murieron en esos campos de concentración por hambre, enfermedades, maltrato o asesinatos selectivos. No hay una cifra consolidada, pero los informes de víctimas estiman que entre 2.000 o 3.000 secuestrados no sobrevivieron al cautiverio.
En ningún momento irán a prisión intramural como correspondería, si hubiesen sido juzgados por una verdadera justicia. Ahora por decisión de esa farsa y falsa paz, ideada por Juan Manuel Santos, solo tendrán que decir “la verdad plena”, y si se avienen, “a reparar a sus víctimas”, y si se comprometen, “a no repetir sus crímenes”. Tamaño sainete de impunidad.
Quienes criticamos el proceso y su creación como tribunal especial de paz, declaramos que la JEP es un ejemplo de impunidad y de “justicia selectiva”, porque el castigo es blando para criminales confesos de lesa humanidad, mientras que el castigo es severo, incluso preventivo, para opositores o expresidentes, consolidando una profunda contradicción ética y política.
Al sicario que disparo y asesino a Miguel Uribe solo le impusieron 7 años de cárcel en un centro de rehabilitación por ser menor de edad, y al expresidente Álvaro Uribe, por presuntos delitos de soborno de testigos y fraude procesal, jamás probados, una secretaria judicial le impuso medida de aseguramiento con privación de la libertad.
La JEP, no representa justicia, es una confirmación de la farsa de un acuerdo que sacrifico la verdad y la dignidad de las víctimas para premiar a los victimarios.
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