Ha emitido un comunicado contundente en el que rechaza "enfáticamente" la ocupación irregular de predios privados en el departamento del Huila.
La entidad, dirigida por Juan Felipe Harman,
advierte que este tipo de acciones, realizadas como un medio para exigir
beneficios, constituyen un delito según el artículo 263 del Código Penal
Colombiano.
El
comunicado de la ANT, fechado el 16 de septiembre de 2025, llega en un contexto
de grandes expectativas por los avances en la Reforma Agraria del gobierno del
presidente Gustavo Petro. A pesar de reconocer la histórica lucha de las
comunidades rurales por la tierra y la justicia, la entidad subraya que las
vías de hecho no son el camino.
La
ANT enfatiza que la ocupación ilegal no solo conlleva responsabilidades
penales, sino que también suspende de inmediato cualquier proceso de compra de
los predios invadidos. En estos casos, la responsabilidad de recuperar la
posesión legítima recae en el propietario del terreno, quien debe activar los
mecanismos legales correspondientes.
A
la par de su llamado a respetar la ley, la Agencia Nacional de Tierras destacó
los significativos logros en el departamento. En el marco del Ordenamiento
Social de la Propiedad Rural, se han entregado más de 9,000 hectáreas a
organizaciones campesinas, firmantes de paz, comunidades indígenas y mujeres
rurales.
Además,
la entidad ha formalizado la propiedad de más de 2,300 hectáreas, lo que ha
permitido a numerosas familias campesinas obtener los títulos que las reconocen
como propietarias legítimas de sus tierras. Actualmente, cerca de 20,000
hectáreas adicionales se encuentran en proceso de formalización, lo que
representa una gran oportunidad para miles de familias en el Huila.
La
ANT ratificó que el diálogo es un pilar fundamental de su estrategia. En el
departamento, se han conformado 25 Comités Municipales de Reforma Agraria y se
han establecido unas 14 mesas de trabajo permanentes con organizaciones
campesinas. La entidad hace un llamado a las comunidades a seguir usando estos
canales institucionales para gestionar sus solicitudes.
Finalmente,
la Agencia Nacional de Tierras aclaró que su postura no busca estigmatizar al
movimiento campesino e indígena. Por el contrario, invita a las comunidades
rurales a seguir colaborando con el gobierno para asegurar que la Reforma
Agraria y los acuerdos de paz se implementen de manera exitosa.
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