La medida también ordena investigar a los concejales que participaron en la aprobación del Acuerdo Municipal declarado inválido por decisión judicial.
La decisión judicial en
cuestión, fechada el 31 de enero de 2023, declaró inválido el Acuerdo Municipal
015 de 2022, mediante el cual se establecía una tarifa del impuesto de
alumbrado público en ese municipio. Sin embargo, según el ente de control,
tanto Ruales como Molina habrían continuado aplicando dicho cobro, pese a que
la norma había sido anulada por orden judicial.
De acuerdo con la
Procuraduría, esta conducta podría constituir una falta disciplinaria por
desatender una decisión de autoridad competente, afectando directamente a los
residentes de Oporapa, quienes habrían pagado un impuesto sin sustento legal
vigente.
En el caso del actual alcalde,
Marcos Molina, se advierte además que no respondió a los requerimientos hechos
por la Procuraduría ni presentó descargos durante la etapa preliminar del
proceso, lo que motivó la formalización del pliego de cargos en su contra.
Investigación adicional a
concejales
La Procuraduría también
remitió copia del expediente para que, en un proceso separado, se investigue la
actuación de los concejales de Oporapa que debatieron, aprobaron y,
presuntamente, modificaron unilateralmente el proyecto que dio origen al
Acuerdo 015 de 2022. Esta norma fue posteriormente invalidada por el tribunal,
lo que refuerza la necesidad de establecer si hubo responsabilidad
disciplinaria por parte de los cabildantes.
El pliego de cargos fue
formulado por la anterior procuradora provincial de Garzón, María del Pilar
Artunduaga Osorio, aunque su contenido solo se dio a conocer públicamente esta
semana. La queja inicial fue presentada por el personero municipal de Oporapa, Óscar
Bermeo Peña, en contra del exalcalde Juan Carlos Ruales, pero fue la propia
Procuraduría la que decidió vincular también al actual alcalde.
Tras la notificación de la decisión, el expediente será remitido a la Procuraduría Regional de Juzgamiento en Neiva, que será la encargada de adelantar la fase final del proceso disciplinario.
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