Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El
viejo’, sería el intermediario entre quienes dieron la orden y el grupo
delincuencial que ejecutó el atentado contra Uribe Turbay, en el parque El
Golfito del barrio Modelia de la localidad de Fontibón, en el occidente de
Bogotá.
En un avance significativo de
la investigación por el asesinato del senador y precandidato presidencial
Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional de
Colombia confirmaron la captura de Simeón Pérez Marroquín, más conocido como alias
“El Viejo”, quien sería el noveno detenido vinculado al crimen y aparece como
enlace directo entre los autores intelectuales y los ejecutores del ataque.
El magnicidio ocurrió el 7 de
julio de 2025, cuando Uribe Turbay —senador del partido Centro Democrático y
aspirante a la presidencia para 2026— fue víctima de un ataque armado en un
acto de campaña en el occidente de Bogotá. Un menor de 15 años fue el autor
material del disparo, lo que activó una investigación que reveló la existencia
de una red criminal compleja.
Desde el inicio de las pesquisas, la Fiscalía ha señalado que no se trató de un acto individual, sino de una estructura delictiva con diversos niveles de mando y operación entre Bogotá y otros departamentos.
¿Quién es “El Viejo” ?
Alias “El Viejo” fue detenido
en la vereda Brisas del Guejar, municipio de Puerto Lleras (Meta). Según la
investigación, este hombre ocupa un escalón superior al de alias “Élder José
Arteaga Hernández” (‘El Costeño’), considerado uno de los cerebros del
atentado. Esto convierte su aprehensión en uno de los hitos más relevantes de
la investigación hasta ahora.
Según informaron, Pérez
Marroquín habría estado privado de la libertad en la cárcel de Acacías
(Meta) entre los años 2013 y 2014.
Durante ese año compartió
pabellón junto con William Fernando González Cruz, alias ‘El Hermano’, y Elder
José Arteaga, alias ‘Chipi’ o ‘El Costeño’.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, alias ‘El Viejo’ se encargó del traslado de Katherine Andrea Martínez Martínez, conocida como ‘Gabriela’, desde Bogotá hasta la vereda Los Ángeles, en el departamento de Caquetá.
La Fiscalía imputa contra alias “El Viejo” los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego.
Esta detención marca un nuevo
escalón en el despliegue criminal que terminó con la vida de un político de
primer nivel, implicando no solo al autor material —el menor de edad— sino
también a una organización que habría financiado, coordinado y ejecutado el
plan.
El caso revive temores
históricos de violencia política en Colombia: desde la muerte de figuras
emblemáticas en los años 90, el país advierte el regreso de magnicidios en un
contexto electoral.
Vinculado con el magnicidio de Luis Carlos Galán.
Simeón Pérez Marroquín,
también está mencionado en la investigación por el asesinato de Luis
Carlos Galán en 1989, lo que conectaría ambos crímenes en un inquietante hilo
de violencia política.
Su
cédula coincide con la de un sujeto condenado en 1994 por el
asesinato de Luis Enrique Rueda Linares y Omar Ruda Silva, dos sicarios
implicados en el magnicidio de Galán.
En esa ocasión, Pérez Marroquín, su primo Luis Alberto y
Arnoldo Malagón González fueron hallados untados de sangre en una celda de la
cárcel La Modelo, acusados de eliminar a los ejecutores de Galán por orden
de estructuras criminales.
Este antecedente, revelado en el expediente de 1994,
sugiere que ‘El Viejo’ ha operado durante décadas en redes de violencia de alto
perfil.
Además, evidencia la dimensión
transdepartamental del crimen: aunque el hecho tuvo lugar en Bogotá, el
operativo que permitió la captura se realizó en Meta, lo que demuestra cómo las
estructuras delictivas operan en espacios geográficos amplios.
La captura de alias “El Viejo” representa un paso decisivo en el esclarecimiento del crimen contra Miguel Uribe Turbay. No obstante, el camino hacia que todas las piezas de la red criminal sean identificadas y llevadas ante la justicia aún es largo. Este caso no solo se trata de un asesinato político: es un testimonio del riesgo persistente de la violencia estructural en los procesos electorales colombianos y de la necesidad de que el Estado actúe con celeridad, rigor y transparencia para quienes dieron la orden estén a buen recaudo y no reine la impunidad.
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