Más de 200 cargos que incrementaron la planta de personal durante la administración del exalcalde Gorky Muñoz Calderón se encuentran en la cuerda floja, luego de que la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) anulara el proceso de selección No. 2560. La decisión, según la entidad, obedece a la detección de "graves irregularidades administrativas y legales" en la creación y provisión de dichas plazas.
La CNSC comprobó que la anterior administración municipal modificó la planta de personal sin contar con los estudios técnicos requeridos. Esta falta de sustento llevó a la expedición de varios decretos que fueron considerados ilegales por la Comisión, alterando de manera sustancial la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC).
Como principal consecuencia, el Decreto 412 de 2024 fue declarado nulo, dejando sin soporte legal los más de 200 cargos que habían sido ofertados para concurso. Esta situación no solo ha generado un caos burocrático, sino que también habría representado un potencial costo para el municipio superior a los 32 mil millones de pesos anuales en salarios y prestaciones.
Según el informe, la Alcaldía de Neiva, a pesar de las advertencias previas de la CNSC sobre las falencias en el proceso, continuó realizando cambios y ajustes irregulares en el año 2025. Este persistente incumplimiento de las normas de transparencia y legalidad motivó a la Comisión a tomar la drástica decisión de anular por completo la convocatoria en aras de garantizar la pulcritud del proceso.
La anulación ha traído consigo denuncias por parte de dirigentes sindicales, quienes aseguraron que decenas de trabajadores fueron presuntamente engañados con "falsas promesas de nombramientos". Se ha señalado, incluso, que algunos de estos ciudadanos habrían realizado pagos de dinero a terceros con la expectativa de ser favorecidos en la fallida selección.
La CNSC aclaró que, dado que el concurso nunca llegó a abrir inscripciones, no existe un riesgo de vulneración a los derechos adquiridos de aspirantes. Sin embargo, sí se vulneraron normas esenciales como la Ley 2418 de 2024, que exige reservar un 7% de las plazas para personas con discapacidad, demostrando el incumplimiento de la normatividad vigente.
Ante este panorama, la actual administración municipal deberá reiniciar el proceso de concurso desde cero. Esto implicará coordinar de inmediato con la CNSC y las organizaciones sindicales para estructurar una nueva convocatoria que cumpla rigurosamente con todos los requisitos técnicos y legales.
Este caso se suma a una serie de situaciones que dejan en evidencia el desorden y la falta de transparencia que, según la CNSC, caracterizaron a la anterior administración de Gorky Muñoz, y que siguen generando consecuencias financieras y de credibilidad para la capital huilense.
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