En una decisión que marca un giro trascendental en uno de los procesos judiciales más mediáticos y prolongados de la historia reciente de Colombia, el Tribunal Superior de Bogotá revocó en segunda instancia la condena de 12 años de prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La sentencia de primera instancia, que lo declaraba culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, fue anulada tras una audiencia que se prolongó por casi cuatro horas.
La determinación fue leída por el magistrado Manuel Merchán, quien fue enfático al cuestionar tanto los fundamentos como la legalidad del fallo anterior. Según explicó, la jueza de primera instancia vulneró el principio de congruencia procesal y excedió los límites fácticos de la acusación, al construir una teoría del caso que no correspondía con lo planteado por la Fiscalía ni por las partes acusadoras.
“La juez de primera instancia superó los límites fácticos de la acusación, construyendo su propia teoría del caso y vulnerando el principio de congruencia previsto en el artículo 448 del Código de Procedimiento Penal”, afirmó Merchán durante la lectura del fallo.
Interceptaciones ilegales y garantías vulneradas
Uno de los puntos más controversiales de la decisión fue la determinación del Tribunal sobre las interceptaciones telefónicas que involucraban al expresidente Uribe. De acuerdo con el fallo de segunda instancia, las grabaciones de las conversaciones entre Uribe y su entonces abogado, Diego Cadena —apodado por algunos medios como el “aboganster”— fueron obtenidas de forma ilegal y constituyen una grave violación a su derecho a la intimidad.
Merchán calificó como “negligente” el actuar de la Corte Suprema de Justicia en este aspecto, al autorizar interceptaciones que luego resultaron ser improcedentes y que, en consecuencia, no debieron ser usadas como prueba dentro del proceso judicial por presunta manipulación de testigos.
En contraste, el magistrado sí validó las interceptaciones telefónicas a Diego Cadena, alegando que la relación abogado-cliente fue utilizada con fines delictivos, lo que excluye la protección habitual que otorga el secreto profesional.
Sobre los testigos y las pruebas del caso
El proceso judicial contra Álvaro Uribe se centraba en las supuestas gestiones que, a través de su abogado, habría realizado para lograr que varios testigos cambiaran su versión en torno a las denuncias por presuntos vínculos con el paramilitarismo. Entre ellos se encontraban los exparamilitares Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor”, y Juan Guillermo Monsalve Pineda.
Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá concluyó que no se demostró dolo por parte del expresidente Uribe para inducir a estos testigos a alterar sus declaraciones. En el caso de Monsalve, considerado uno de los testigos clave, el magistrado señaló que no hubo pruebas que acreditaran que Uribe diera instrucciones a Cadena para sobornarlo.
Además, se solicitó investigar al testigo Carlos Enrique Vélez por posible falso testimonio, debilitando aún más los pilares de la acusación inicial.
Rechazo a la nulidad del proceso
Durante la audiencia, la defensa de Uribe solicitó la nulidad de la sentencia de primera instancia alegando que se había violado el debido proceso, en particular el principio de publicidad. No obstante, el Tribunal desestimó dicha solicitud, al considerar que no se encontraron irregularidades procesales que afectaran el derecho a la defensa del expresidente.
¿Qué sigue en el proceso?
Aunque el fallo de segunda instancia absuelve a Álvaro Uribe Vélez de todos los cargos, el proceso judicial aún no llega a su fin. Se espera que la parte demandante interponga un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Esta figura legal suspende la ejecución del fallo hasta que la Corte emita una decisión definitiva.
Cabe recordar que este caso ha sido seguido de cerca por la opinión pública, no solo por tratarse de un expresidente de la República —el único en la historia reciente que ha tenido que enfrentar un proceso penal en calidad de imputado—, sino también por las implicaciones políticas y jurídicas que ha tenido en el escenario nacional.
Álvaro Uribe Vélez, quien fue presidente entre 2002 y 2010, siempre ha sostenido su inocencia y ha denunciado una persecución judicial en su contra. Con esta decisión, su defensa afirma que se restablece su honorabilidad y que se desvirtúan los señalamientos que durante más de una década lo vincularon con presuntas estrategias de manipulación judicial.
No obstante, el debate jurídico y político continúa abierto, a la espera del pronunciamiento de la Corte Suprema.
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