El Tribunal Superior de Bogotá confirmó que ya existe una decisión de segunda instancia en el proceso penal que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, condenado en julio pasado a 12 años de prisión por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
La lectura oficial del fallo ha sido programada para el próximo jueves 16 de octubre, día en que se conocerá si el alto tribunal confirma, modifica o revoca la sentencia dictada por el Juzgado 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá. Hasta entonces, el contenido de la decisión se mantendrá en reserva.
De acuerdo con el acta N.º
135, la decisión fue adoptada por la Sala de Decisión Penal 19 del Tribunal,
integrada por los magistrados Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, Alexandra Ossa
Sánchez y María Leonor Oviedo Pinto, quienes resolvieron los recursos de
apelación interpuestos tanto por la defensa del exmandatario como por el Ministerio
Público.
Este fallo reviste especial
importancia, no solo por el carácter histórico del caso —Uribe es el primer
expresidente de Colombia en ser condenado por la justicia ordinaria—, sino
porque el plazo legal para emitir esta decisión vencía precisamente el 16 de octubre.
De no haberlo hecho en el tiempo previsto, el proceso habría corrido el riesgo
de prescripción.
La sentencia de primera
instancia, dictada el pasado 28 de julio por la jueza Sandra Heredia, determinó
que el expresidente, a través de su entonces abogado Diego Cadena, intentó
presionar y manipular a exparamilitares presos para que se retractaran de
testimonios que lo vinculaban con estructuras paramilitares durante el
conflicto armado.
Tras la condena, la defensa de
Uribe —liderada por el abogado penalista Jaime Granados— interpuso el recurso
de apelación, argumentando que la jueza incurrió en una “visión totalmente
parcializada” y que el fallo carecía de objetividad.
Por su parte, el Ministerio
Público también apeló la decisión, aunque con argumentos distintos: consideró
que la sentencia no contenía evidencia suficiente que desvirtuara la presunción
de inocencia del expresidente.
El proceso se remonta al año 2012,
cuando el entonces senador Álvaro Uribe denunció ante la Corte Suprema de
Justicia al congresista Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. No
obstante, la Corte archivó la denuncia y, en cambio, abrió una investigación
contra Uribe al hallar indicios de que fue él quien habría promovido
alteraciones en declaraciones de testigos en su contra.
El país permanece atento al desarrollo de este caso, que ha marcado un hito en la historia judicial y política de Colombia.
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