Según la organización
sindical, los docentes afectados se encuentran a la espera de que la Unidad
Nacional de Protección (UNP) evalúe su nivel de riesgo —conforme al Decreto
1782 de 2013— y active las rutas de protección tras denuncia ante la Fiscalía
General de la Nación. Sin embargo, el principal obstáculo radica en que muchas
de esas amenazas no son reconocidas por la UNP como directamente derivadas de
la labor docente, lo que limita la activación de medidas de seguridad
especiales.
“En lo corrido del año,
alrededor 25 maestros han tenido que
activar las rutas de protección; entre los casos más recientes, dos docentes
del occidente del departamento, quienes además eran líderes sindicales,
debieron desplazarse tras recibir amenazas presuntamente de disidencias
armadas”, explicó Jefferson Pachón, directivo de la ADIH.
Los maestros denuncian formas
variadas de coerción: desde exigencias económicas hasta advertencias de muerte,
usualmente a través de llamadas, WhatsApp, videollamadas y panfletos
intimidatorios. En el Huila, los municipios rurales de Saladoblanco, La Plata,
Pitalito, Algeciras, Nátaga, Colombia, Baraya y Tello son algunos de los más
afectados.
Un informe de medios señala
que “solo el 10 % denuncia”. Esa baja proporción responde al temor de los
docentes a que la UNP les niegue el reconocimiento de nivel de riesgo o les
ordene retornar a zonas donde consideran que su vida aún está en peligro.
En lo que va de 2025, la ADIH
estima entre 60 y 70 docentes intimidados, en algunos casos con panfletos que
los nombra directamente. Las extorsiones
solicitarían montos que van desde unos cientos de miles hasta un millón de
pesos colombianos, según testimonios de los maestros. En el municipio de
Colombia (Huila) una institución educativa quedó sin rector y con varios
maestros desplazados por amenazas recibidas por panfletos.
¿Por qué no se activan las
rutas de protección?
El decreto 1782 de 2013
establece que cuando una persona denuncie ser víctima de amenazas o atentados,
la UNP debe evaluar el nivel de riesgo y, si es “alto”, activar medidas de
protección que pueden ir desde traslados, escoltas o cambios de funciones. No obstante,
en el caso de los docentes en Huila, se registran dos principales dificultades:
Reconocimiento del vínculo
laboral: Muchas amenazas no son asumidas como consecuencia directa de su
función docente —por ejemplo, cuando se presentan como extorsiones generales
del territorio— y por ello la UNP no les asigna un nivel de riesgo
“extraordinario”.
Temor a denunciar: Los
maestros temen represalias, desconfían de las garantías y prefieren no activar
la ruta formal. Eso ha generado que solo una parte mínima de los afectados
informes oficialmente los casos.
El desplazamiento o la
reubicación de los maestros afecta directamente la calidad de la educación en
zonas rurales. La falta de maestros, la inestabilidad laboral y la zozobra de
quienes permanecen en el aula suman un doble reto: garantizar la seguridad de
los docentes y el derecho a la enseñanza de los niños.
Según los propios docentes y
sus directivos gremiales, el ambiente de “miedo” o “zozobra” se instala no solo
en la escuela sino en la comunidad.
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