La Procuraduría investiga al exgobernador del Huila por Presuntas Irregularidades en Contrato por 18.200 millones de pesos destinados a la pavimentación de la vía La Victoria - San Marcos en sector rural del municipio de Acevedo.
El proceso disciplinario se centra en el contrato para la pavimentación de siete kilómetros de la vía La Victoria - San Marcos, ubicada en el municipio de Acevedo. El proyecto, cuyo presupuesto superó los $18.200 millones de pesos, habría presentado serios problemas que condujeron a su truncamiento y a una liquidación tardía.
La Delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR responsabiliza directamente al exmandatario de una aparente omisión de sus funciones. Según el órgano de control, Dussán López no habría exigido el cabal cumplimiento de las actividades contractuales ni habría implementado las acciones pertinentes para enderezar el desarrollo de los trabajos, aun cuando fue notificado de las posibles irregularidades.
La investigación disciplinaria detalló que, desde el inicio, el proyecto presentó deficiencias en los diseños del corredor vial. Esta situación generó, de manera inmediata, la necesidad de realizar mayores cantidades de obra, lo que se tradujo en un incremento del costo inicial y una necesaria ampliación del plazo de ejecución.
Según la Procuraduría, ante estas dificultades críticas, la administración departamental no habría ofrecido ninguna fórmula de solución eficiente para salvar el proyecto.
Para el organismo de control, uno de los puntos más graves es que el exgobernador, al parecer, conoció “directamente los pormenores de la mora en la continuidad del proyecto”. A pesar de estar al tanto del riesgo, la Procuraduría sostiene que aparentemente no actuó de manera oportuna y eficaz para evitar que la obra quedara paralizada.
La inacción del entonces mandatario llevó a una cancelación tardía del contrato interadministrativo, el cual fue liquidado el 29 de diciembre de 2023, justo al finalizar su periodo de gobierno y dos años y nueve meses después de que las irregularidades fueran de su conocimiento.
Por estos hechos, la Procuraduría General de la Nación considera que el exfuncionario habría desconocido los principios de responsabilidad, moralidad y economía que rigen la función administrativa. Por lo tanto, la aparente conducta fue calificada como una falta grave cometida a título de dolo. Con la formulación del pliego de cargos, se abre formalmente la etapa para que el exgobernador ejerza su derecho a la defensa ante el órgano de control.
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