Por decir lo menos, podemos afirmar sobre la decisión inconsulta de la secretaria de movilidad de Bogotá, que restringe el uso de las motocicletas, y del parrillero en hora nocturna y de madrugada en la capital de la república.
La medida golpea a millones de
ciudadanos: no solo a los propietarios y usuarios de esa clase de vehículos,
sino, a cientos de miles de trabajadores, estudiantes, amas de casa, mensajeros
etc. que deben movilizarse todos los días, desde muy temprano a sus hogares,
colegios, universidades y sitios en donde laboran.
Seguramente, sea necesario
poner reglas de tránsito que los motociclistas deben cumplir, pero no de esa
manera, restringiendo su derecho a movilizarse libremente. Los alcaldes deben
saber que detrás de cada motocicleta hay una historia humana, una familia, una
necesidad.
Si se trata de mejorar la
seguridad, la falta de ella, no la deben pagar los motociclistas, hay otros
instrumentos que pueden y deben utilizar las autoridades en cada localidad, y
es la policía nacional y los agentes de tránsito los que están llamados y en la
obligación de velar por la seguridad de la ciudadanía. No es vendiendo el sofá,
señor alcalde Galán.
Realmente no hay evidencia
sería que demuestre que prohibiendo el parrillero se reduzca el delito. La
experiencia de años atrás muestra que, tras las restricciones, el crimen
simplemente cambia su forma de operación o de vehículo.
Constitucionalmente, los
alcaldes son los jefes de la policía en sus ciudades, y tienen el deber de
garantizar el orden público mediante la acción de las fuerzas del Estado, no
mediante decretos punitivos que lesionan derechos de los ciudadanos.
Los alcaldes deben confiar en
los organismos de seguridad, Policía, Ejército, Inteligencia, para proteger la
ciudad. La inseguridad no se protege con papeles firmados desde un escritorio,
sino con presencia efectiva del Estado en las calles, con inteligencia y no en
los cuarteles.
Este no ha sido el primer
episodio en la historia de Bogotá, en que una medida arbitraria desde la
alcaldía provoca la reacción ciudadana. Cuando Jorge Eliecer Gaitán fue alcalde
de Bogotá, 1936 – 1937, intento uniformar a los taxistas para mejorar el
servicio. La medida desató un paro total de transporte en la ciudad que la
paralizo y llevo al presidente de la república, Alfonso López Pumarejo, a
solicitarle la renuncia. Ese hecho histórico demuestra que las decisiones sin
consulta terminan volviéndose contra quien las impone. Mesura, señor alcalde Carlo Fernando Galán,
que no se le suba mucho el poder a la cabeza.
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