Por
Julio Bahamon Vanegas
El
grupo narcoterrorista del ELN, brazo armado del Cartel de los Soles de
Venezuela decreto un paro en todo el territorio nacional para los días 14, 15,
16 y 17 de diciembre. Con ello pretende “paralizar” a Colombia mediante
amenazas e intimidaciones. El terrorismo con su amago busca sembrar miedo,
imponer silencios y probar la fortaleza o debilidad del Estado.
Vamos
a ver cómo responde el gobierno de Gustavo Petro: si lo hace con ambigüedades,
tibieza, o con el silencio.
Colombia
no puede aceptar, bajo ninguna circunstancia, que 52 millones de ciudadanos
seamos tratados como rehenes por esa organización narcoterrorista que no
representa causa alguna distinta al delito, la violencia y la destrucción.
La
movilidad, la vida y la libertad no son concesiones: son derechos
constitucionales que el Estado debe proteger.
Aquí
no hay conflictos ideológicos ni luchas políticas legítimas, solo hay grupos
armados ilegales que se financian con el narcotráfico, la extorsión y el
secuestro, que intentan disfrazar sus acciones violentas con discursos
trasnochados antiimperialistas.
En
un Estado democrático la respuesta debe ser una sola: autoridad, presencia y
garantías.
Por
ningún motivo aceptaremos que la democracia y la libertad sean negociadas con
quienes la atacan. Se defiende ejerciendo la autoridad legítima, protegiendo a
la población civil y asegurando que ninguna carretera, rio o municipio quede
bajo el chantaje de fusiles en manos de los ilegales.
Los
colombianos hemos vivido suficientes años de violencia como para saber que cada
concesión al miedo termina costando más vidas de gente inocente, perdiendo más
territorio y más libertad. Por eso, hoy más que nunca, desde esta columna de
opinión, es necesario decirlo sin rodeos: la institucionalidad no se acobarda.
No puede, no debe.
Debemos
rechazar el chantaje armado, exigir control en todo el territorio nacional,
cumplir por parte de todas las autoridades, municipales, departamentales y
nacionales con la constitución, garantizar la movilidad de los ciudadanos, todo
en conjunto, es obligación del Estado.
La
historia nos enseña que los países que ceden ante el terrorismo terminan
gobernados por los violentos.
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