A LA CÁRCEL FALSO TRAMITADOR BANCARIO.

 

La Fiscalía lo señala a Héctor Javier Martínez Mendoza de apropiarse ilícitamente de más de 240 millones de pesos en año y medio. El imputado ya se encontraba privado de la libertad por otros procesos.

El engaño terminó para un hombre que, haciéndose pasar por asesor bancario, habría estafado a varios ciudadanos en Ibagué y otros municipios del Tolima con la promesa de facilitarles créditos de alto monto. La Fiscalía General de la Nación judicializó a Héctor Javier Martínez Mendoza, presunto responsable de una modalidad de fraude que aprovechaba la necesidad de financiación de sus víctimas.

De acuerdo con la investigación, Martínez Mendoza se presentaba como intermediario financiero y ofrecía “soluciones” para mejorar el puntaje crediticio de los usuarios. Para ello, les indicaba que debían adquirir bienes de consumo —como teléfonos celulares y televisores— y realizar movimientos con tarjetas de crédito y débito. Posteriormente, les solicitaba entregar los productos adquiridos bajo el argumento de ejecutar supuestas operaciones financieras que, según decía, permitirían acceder a créditos para vivienda, compra de vehículo o capital para emprendimientos.

Los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía evidencian que, mediante este mecanismo, el señalado se habría apropiado de más de 240 millones de pesos durante un periodo aproximado de año y medio. Las víctimas, confiadas en la promesa de obtener financiación formal, nunca recibieron los créditos ofrecidos ni recuperaron los bienes o el dinero entregado.

Por estos hechos, una fiscal de la Seccional Tolima imputó a Martínez Mendoza los delitos de estafa agravada y estafa, cargos que no fueron aceptados. En audiencia ante un juez penal de control de garantías, se le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. La decisión tuvo en cuenta que el procesado ya se encuentra privado de la libertad por otros hechos delictivos en los que estaría involucrado.

La Fiscalía informó que las investigaciones continúan para determinar si existen más personas afectadas en Bogotá y otras ciudades del país, así como para establecer el número total de víctimas y el alcance de la red de engaño.

Autoridades judiciales y financieras reiteraron el llamado a la ciudadanía a desconfiar de tramitadores informales, verificar siempre la identidad de los asesores y realizar cualquier gestión crediticia directamente con entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. También recordaron que ningún banco exige la entrega de bienes ni pagos previos para “mejorar” el puntaje crediticio como condición para otorgar un préstamo.