Hay
un adagio campesino que dice: “vaca ladrona, no olvida el portillo”. Vuelve y
juega, el gobierno insiste en ganar el partido en los minutos de alargue que le
quedan, y ha propuesto impulsar un comité “pro convocatoria” a una Asamblea
Nacional Constituyente, con el objetivo de recolectar cuatro millones de
firmas, abriendo un debate sensible para la democracia colombiana. También con
su trasfondo electoral, impulsar la candidatura de su posible sucesor, el
Marxista Leninista Iván Cepeda. Nuevamente, nos ha colocado ante una discusión
que toca el corazón mismo del orden institucional y del equilibrio de poderes.
Sin
embargo, es necesario hacer claridad sobre la voluntad popular: esta no se expresa de manera espontánea ni por
fuera de la normatividad. Por el contrario, la Constitución de 1991, fruto
precisamente de una Asamblea Nacional Constituyente, estableció con claridad
los caminos, límites y procedimientos para su propia reforma. Y uno de esos
caminos es inequívoco: la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente
debe ser aprobada por el Congreso de la República.
Las
firmas, por numerosas que sean, tienen un valor político que seguramente le van a prestar un favor enorme a su candidato, serán una señal de respaldo, pero no
remplazan al Congreso ni pueden suplantar el trámite que exige la Carta
Política. Pretender lo contrario solo genera confusión y debilita la
institucionalidad que dice querer renovar.
El
Congreso es el órgano de representación plural de la Nación, elegido por voto
popular, y es allí donde debe darse el debate abierto, publico y contradictorio
sobre la conveniencia, el alcance y los límites de una Constituyente. Saltarse
ese escenario equivale a dar un zarpazo al orden legal que rige nuestra nación.
La
historia latinoamericana está llena de ejemplos de como los atajos
institucionales, aun cuando se presenten como expresiones directas del
“pueblo”, termina por erosionar la democracia y concentrando el poder.
Si
el gobierno considera, por enésima vez, convocar una Asamblea Constituyente, debe
asumir el reto de convocar al Congreso y, posteriormente, al pueblo en las
urnas, tal como lo ordena la Constitución. Los comités, las firmas, y
discursos, pueden servir para agitar el debate público, pero no para reemplazar
el Estado de Derecho. Defender los procedimientos constitucionales es,
sencillamente, un acto de responsabilidad democrática. ¡No a la Asamblea
Nacional Constituyente!
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