La declaratoria de una emergencia económica, sumada al anuncio de Gustavo Petro del 30 de diciembre anterior de acabar con el sistema de concesiones viales 4G y 5G, hacen parte de una estrategia bien calculada de concentración de poder, intervención del mercado y paralización progresiva del aparato productivo.
Por Julio Bahamon
Desde el punto de vista técnico, las concesiones viales son contratos de largo plazo que trasladan riesgos financieros, constructivos y operativos al sector privado, bajo esquemas de pagos condicionados a los resultados. Acabarlas no reducirá el gasto público estructural: por el contrario, convierte obligaciones contingentes en pasivos fiscales evidentes, expone el Estado a pleitos y litigios internacionales y eleva los costos del capital de trabajo, sin que signifique austeridad sino mala política fiscal. Si bien es cierto que la equivocada emergencia económica que viene utilizando el gobierno, como atajo, para legislar por decreto, le podrá permitir, transitoriamente eludir controles como el de la Corte Constitucional, alterar reglas contractuales y reconfigurar sectores estratégicos sin el debate técnico que exige la democracia, el desmonte de las concesiones viales aparece como herramienta para estatizar, debilitar la inversión privada y someter el desarrollo de su infraestructura a la discrecionalidad política.
¿Cuáles serían las
consecuencias de llevarse a cabo esa medida? Interrupción de las obras,
deterioro de la malla vial, aumento de los costos logísticos, pérdida de
competitividad y destrucción de empleo formal. El mensaje es inequívoco y
aterrador: Colombia se convierte en un país de alto riesgo regulatorio, donde
los contratos dependen de la orientación ideológica del gobierno de turno.
Pero el mensaje más grave es
político. Paralizaría la infraestructura, que equivale a paralizar la economía
y que la dependencia social finalice dependiendo del Estado. Petro de nuevo con
propuestas sofísticas pretende enviarles a los ciudadanos la idea de que la
crisis actual surge de las concesiones y del capital privado, cuando es el
capital privado el incentivo del empleo, y todos sabemos que la crisis que
vivimos es resultado de la ineptitud administrativa, la improvisación en el
manejo del Estado, su política económica y en la insondable ola de corrupción que
en estos 40 meses ha minado la credibilidad institucional. Frente a este
panorama, la división de la derecha es una irresponsabilidad que el país no
puede darse el lujo de permitírselo. La unidad alrededor de un solo candidato
presidencial es y será siempre una necesidad estratégica para retornar al
equilibrio institucional, recuperar la seguridad jurídica y territorial y
evitar el estancamiento.
Al monstruo de Lerna no se
derrota con golpes aislados ni con egos dispersos. Se cortan las muchas cabezas
que amenazan devorarnos, y sus troncos se cauterizan con decisión política,
claridad programática y una coalición solidad que entienda que lo que está en
juego es la elección misma del nuevo presidente de Colombia, y el modelo de país
que queremos.
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