El Gobierno Nacional expidió el Decreto 033 de 2025, activando un mecanismo legal olvidado que obliga a las entidades financieras a ofrecer sus predios rurales al Estado para acelerar la Reforma Agraria.
Por: Redacción Política / Economía
En un movimiento estratégico
para destrabar la tenencia de tierras en el país, la Agencia Nacional de
Tierras (ANT) anunció la implementación de una normativa que había permanecido
inactiva durante tres décadas. A partir de ahora, la entidad tendrá la primera
opción de compra sobre los predios rurales que se encuentran actualmente bajo
el dominio de entidades financieras.
Esta medida, enmarcada en la
política de Reforma Agraria del Gobierno del presidente Gustavo Petro, busca
que estas tierras, que muchas veces permanecen improductivas en los balances de
los bancos, pasen a manos de familias campesinas y comunidades étnicas que
carecen de acceso a ella.
Aunque la Ley 160 de 1994
(artículo 32) ya contemplaba esta posibilidad, su aplicación había sido nula en
la práctica. Con la expedición del nuevo Decreto 033 de 2025, que modifica el
Decreto 1071 de 2015, se reglamenta finalmente el procedimiento.
El mecanismo funciona de la
siguiente manera: las instituciones financieras deberán informar a la ANT sobre
los predios rurales que hayan recibido mediante dación en pago (por liquidación
de créditos hipotecarios u otros negocios) o aquellos adquiridos a través de
sentencias judiciales. Una vez notificada, la Agencia tendrá la prioridad para
adquirir dichos terrenos.
“Esta es una ley que llevaba
30 años sin ser aplicada y, gracias al Decreto 033 de 2025, ahora podemos
implementarla efectivamente. Las entidades financieras que tengan tierras
podrán postularlas para que la Agencia pueda tener la primera opción de compra
y estas lleguen finalmente a las familias campesinas y comunidades étnicas”,
explicó Juan Felipe Harman, director de la ANT.
La norma no se limita
únicamente a los bancos. El decreto establece una ventana de oportunidad para
propietarios particulares y ganaderos. Aquellos que posean tierras en áreas
priorizadas por la Reforma Agraria y deseen venderlas, podrán informarlo
primero a la ANT.
La entidad contará con un
plazo de 15 días para decidir si ejerce su derecho de compra antes que
cualquier otro interesado particular, agilizando así el mercado de tierras con
fines sociales.
Con la entrada en vigencia de
esta estrategia, la ANT iniciará los barridos de información con la banca. Tras
la oferta voluntaria, la entidad realizará los análisis jurídicos, técnicos y
territoriales de rigor. De resultar viables, se presentarán las ofertas
formales de compra, consolidando un paso más hacia un acceso más equitativo a
la tierra en Colombia.
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