Jairo Humberto Muñoz Cabrera, Cristian Renato Gonzales Pérez y Leidy Yulieth Perea Vargas Ramírez, ternados a Contralor en la ciudad de Neiva.
El proceso de selección para el próximo Contralor
Municipal de Neiva (periodo 2026-2029) se encuentra en el ojo del huracán.
Leidy Yulieth Perea Ramírez y Jairo Humberto Muñoz Cabrera, integrantes de la
terna final, han radicado una solicitud formal de saneamiento del proceso ante
el Concejo Municipal, advirtiendo que, de no corregirse los vicios legales, su renuncia
será irrevocable.
La denuncia principal se centra en la violación del
artículo 61 de la Resolución No. 101 de 2025. Según los aspirantes, se convocó
a la etapa de entrevista y elección sin haber realizado el examen de integridad
a Jairo Humberto Muñoz, quien ingresó a la terna tras la renuncia de un
candidato anterior. Los firmantes argumentan que esta prueba es un requisito de
procedibilidad obligatorio que no puede omitirse por celeridad administrativa.
Un segundo punto crítico señala al tercer ternado, Cristian
Renato Gonzales Pérez. Los denunciantes sostienen que Gonzales se encontraría
incurso en una inhabilidad legal, según la Ley 136 de 1994, por ejercer
actualmente como Jefe de Control Interno Disciplinario en el Hospital
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Argumentan que su cargo implica
ejercicio de autoridad administrativa en el municipio de Neiva dentro de los
doce meses anteriores a la elección, lo que invalidaría su participación.
"En la función pública no todo vale"
En el documento, los académicos manifiestan que el
proceso, ejecutado mediante convenio con la Universidad del Tolima, ha estado
marcado por:
Fallas en la logística y falta de transparencia en
la valoración de antecedentes.
Falta de citaciones oficiales para las entrevistas
programadas para este 22 de diciembre.
Ausencia de rigor técnico que riñe con el principio
de seguridad jurídica.
"No resulta jurídicamente admisible convalidar con nuestra presencia un trámite que ha sacrificado el rigor normativo exigido", sentenciaron los candidatos, quienes hicieron un llamado al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) para que emita un concepto que brinde seguridad jurídica a la elección.
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