El empresario Felipe Olave Blackburn en desarrollo de sesión en el Concejo de Neiva.
La actitud del distinguido y
avezado concejal Roberto Escobar relacionada con las propuestas y proyectos que
ha planteado, para la ciudad el inversionista Huilense el Dr. Felipe Olave
Blackburn es pertinente y se ajusta en todo a su deber constitucional y legal
de velar por los intereses de la ciudad.
Neiva ha visto pasar por
muchos años promesas, planes inconclusos y oportunidades que nunca aterrizan.
Por eso nos resulta extraño el anuncio de un coterráneo, que regresa a su
ciudad, después de muchos años de ausencia, dispuesto, según sus propias
palabras, a invertir más de cien millones de dólares en proyectos de
desarrollo, haya despertado entusiasmo, expectativas y aplausos anticipados.
La propuesta es ambiciosa: ya
adquirió a título de compra el nombre del equipo de futbol regional, por el que
miles de aficionados veían con pesar que sería llevado otra ciudad distinta a
la que lo vio nacer; adquirió una isla sobre el río magdalena y piensa
construir allí, con recursos propios, un moderno estadio con inversión superior
a los $90 mil millones de pesos. Todo ello presentado como un acto de amor por
su ciudad y de compromiso con su futuro. ¿Quién podría oponerse, en principio,
a semejante ofrecimiento? Sin embargo, el verdadero amor por una ciudad no se
mide solo en cifras, se mide, sobre todo, en la disposición a someterse a las
reglas, a la transparencia y al escrutinio público. Y eso es lo que nos ha
manifestado el concejal Escobar, quien tiene razón para obrar de acuerdo con sus
funciones legales, actitud plausible que debemos apoyar. Porque tan legítimo
como invertir es que la ciudadanía a través de sus cabildantes pregunte. Y tan
necesario como aplaudir es reflexionar.
No se trata de oponerse a la
inversión privada tan necesaria para la ciudad, se trata de entender que
proyectos de esta magnitud no solo transformen el paisaje urbano, sino también
las relaciones de poder, el uso del suelo, el entorno ambiental y los símbolos
colectivos: el río Magdalena, por ejemplo, no es un escenario neutro; es
patrimonio natural, eje ambiental y referencia histórica de la nación.
Cualquier intervención allí exige estudios serios, licencias claras y debates
públicos.
Una pregunta válida es: que
recibe la ciudad a cambio de esos gastos: ¿habrá compromisos futuros del erario
público?, ¿concesiones especiales?, ¿beneficios tributarios?, ¿uso preferencial
de bienes públicos? Y en el plano simbólico, ¿hasta dónde el control de grandes
obras puede traducirse en influencia social o política?
El buen recibo de la inversión
de cualquier privado no debe ser ingenuo ni sumiso, Una ciudad como Neiva
celebra la inversión, pero no puede renunciar al control legal de sus voceros
en el concejo de la ciudad.
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