Contraloría encontró hueco fiscal de $1.095 millones de pesos, en la anterior administración municipal.
Una investigación especial de la Contraloría Departamental revela cómo la administración del exalcalde Edgar Muñoz Torres habría exonerado de impuestos a un proyecto privado de 14 hectáreas que hoy permanecen abandonadas.
Por: Redacción Local
El panorama relacionado con el Plan de Ordenamiento Territorial y las urbanizaciones de Pitalito se ha visto sacudido por el hallazgo fiscal D-048-2025. Lo que se presentaba como el motor del desarrollo industrial del municipio, la “Ciudadela Industrial”, hoy es el epicentro de un presunto detrimento patrimonial que asciende a los $1.095 millones de pesos.
Según la institución de control, la pasada administración municipal (2020-2023) permitió que la Asociación Laboyana de Comercio, Industria y Servicios (ALACIS) avanzara en un ambicioso proyecto urbanístico omitiendo el pago del impuesto de delineación urbana, un requisito legal ineludible.
El informe técnico de la Contraloría forense detalla un patrón sistemático de omisiones en la Secretaría de Planeación, dividiendo el daño al erario en dos momentos críticos:
1. El misterio de los 38.000 metros "evaporados".
En noviembre de 2021, la Resolución No. 582 otorgó licencia de urbanización a ALACIS. Aunque los planos autorizaban la intervención de 108.432 m², el cobro del impuesto se calculó sobre solo 70.218 m². Sin explicación técnica aparente, más de 38 mil metros cuadrados quedaron exentos de tributación, provocando una pérdida inicial de $154 millones.
2. El "regalo" de despedida
El golpe más contundente ocurrió el 13 de octubre de 2023, a escasas semanas de finalizar el mandato de Muñoz Torres. Mediante la Resolución No. 573, se autorizó la construcción de 147.818 m² destinados a bodegas y comercio. Pese a que el Estatuto Tributario (Acuerdo 044 de 2021) exigía un recaudo de $940 millones, la licencia se entregó con un valor de recaudo de cero pesos.
"No se trata de un error de cálculo aislado; estamos ante la omisión total de un requisito habilitante para la construcción", advierte el informe de auditoría.
La Contraloría ha identificado una cadena de mando que, por acción u omisión, facilitó el beneficio al privado:
Secretaría de Planeación: Bajo la tutela de Lorena Mercedes Castro Molano, la dependencia habría vulnerado su obligación de verificar los pagos antes de la firma de las resoluciones.
Secretaría de Hacienda: A cargo de Kevin Yair Melo Hernández (quien también fue alcalde encargado), falló en su deber de fiscalización al no detectar la ausencia de más de mil millones de pesos en las arcas municipales.
ALACIS: La entidad beneficiaria, representada por Álvaro Tovar Paladines, queda en el ojo del huracán. La gran interrogante para las autoridades es si la asociación cobró a sus afiliados el valor de estas licencias mientras el municipio no recibía un solo centavo.
Un "Elefante Blanco" en la Región que Vive
Mientras el hueco fiscal crece, la realidad física de la Ciudadela Industrial es desoladora. El proyecto, que fue impulsado bajo el eslogan "Pitalito, Región que Vive", hoy carece de infraestructura básica: vías en recebo, falta de alcantarillado pluvial y una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) cuya operatividad es un misterio.
La actual administración, liderada por Yider Luna Joven, hereda ahora un complejo laberinto jurídico para intentar recuperar los fondos mediante cobros coactivos, en un proceso que amenaza con dilatarse en los estrados.
La ciudadanía laboyana queda a la espera de que la justicia determine si este "descuidado" administrativo fue una negligencia técnica o un esquema diseñado para favorecer intereses particulares a costa del detrimento patrimonia..
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