Cuando un Estado de Excepción
lo quieren convertir en norma. La Constitución Política de Colombia no es
apenas una formalidad que se pueda activar solo cuando conviene. Es la carta de
navegación que le pone límites al poder, especialmente en los momentos en que
uno de ellos, en este caso el poder Ejecutivo, intenta desbordarlo, o
llevárselo por delante como si nada pasara. Por eso resulta legítima la
preocupación que ha generado la absurda decisión del presidente Gustavo Petro
de acudir a la figura de la emergencia económica sin que se cumplieran los
hechos señalados en la norma superior de sobrevinientes, graves y
extraordinarios que la justificaran, como lo exige expresamente el artículo 215
de la Carta Magna. La falta de mayorías
en el Congreso o la negación del proyecto de reforma tributaria que presento el
gobierno, no constituyen una emergencia, simplemente la actitud del Congreso
hace parte de su función institucional. Esa lógica es equivocada y peligrosa.
La Comisión séptima del Senado
de la República por tercera vez negó la reforma tributaria de Petro, con la que
pretendía recaudar más de 16 Billones de pesos. Aun así, el gobierno decidió
avanzar en contra vía, expidiendo decretos con fuerza de ley, no obstante, el
ejecutivo lo sabe, dichos decretos están sometidos a control automático
posterior por parte de la Corte Constitucional. Lo grave es que durante ese
lapso los ciudadanos quedamos obligados a cumplir con esas disposiciones, si
bien, luego sean derogadas, como en efecto lo serán, por parte de la Corte
encargada de salvaguardia la legalidad de los actos del gobierno. Personalmente,
pensé que los colombianos pudiéramos declararnos en desobediencia fiscal por lo
arbitraria que es la medida, pero en el país no existe esa figura. Por lo
tanto, los impuestos que dicte el gobierno durante la emergencia, así luego
sean declarados inexequibles por la Corte, debemos pagarlos. En buen romance,
significa que el gobierno nos va a sacar del bolsillo, a la brava, unos dineros
que no podía legalmente cobrarnos. El
camino correcto es el del Estado de Derecho: demandar por inconstitucional las
medidas que dicte el ejecutivo durante la emergencia.
La Emergencia aparece como
respuesta a una derrota en el Congreso y como instrumento para obtener, por
decreto, los recursos que ha malbaratado en corrupción y francachelas
oficiales. La cercanía de las elecciones
de marzo y mayo de 2026 acrecienta la preocupación sobre el destino de esos
recursos y el riesgo que se utilicen para fortalecer la maquinaria oficial. La
palabra la tiene ahora los candidatos presidenciales de la oposición, pues el país
tiene derecho a saber si las vanidades de muchos les permitirá defender los límites
constitucionales del poder, o prefieren pasar de agache en silencio por
conveniencia electoral. Hasta hoy, al único que hemos visto con demanda en mano
contra el estropicio oficial, es al próximo presidente de Colombia, Abelardo De
La Espriella.
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