La decisión revoca la condena inicial por celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, que en primera instancia le había impuesto una pena de 10 años de prisión.
En
un giro dramático del proceso judicial que generó gran debate en la capital
huilense, el exalcalde Héctor Aníbal Ramírez Escobar fue absuelto en segunda
instancia en el caso relacionado con la contratación del proyecto Parque Isla
Aventura. La decisión revoca la condena inicial por celebración de contratos
sin cumplimiento de requisitos legales, que en primera instancia le había
impuesto una pena de 10 años de prisión.
El
proceso se remonta a 2010, cuando la administración de Ramírez adjudicó el
contrato de obra No. 573 para desarrollar la primera fase del Parque Isla
Aventura, un megaproyecto ambiental y recreativo a orillas del río Magdalena. Posteriormente,
en 2022, un juez del Juzgado Primero Penal del Circuito de Neiva condenó al
exalcalde y al entonces gerente de la entidad municipal encargada, Juan Carlos
Herrera Gutiérrez, por entender que el contrato se firmó sin los estudios
previos de planeación ni licitación pública, lo que quebrantaba la normativa de
contratación estatal. Además, se ordenó su captura debido a la pena de prisión.
Sin
embargo, la más reciente decisión judicial en apelación anuló ese fallo. Con
ello, Ramírez y Herrera quedaron libres de toda responsabilidad penal; también
quedaron sin efecto las medidas cautelares, incluida la orden de captura.
Al
conocer la decisión, Ramírez publicó un mensaje en el que agradeció a Dios, a
su familia, amigos y quienes respaldaron su defensa en los momentos más
difíciles. Afirmó que la absolución representa “la prevalencia de la verdad” y
la confirmación de su inocencia.
Esta
resolución pone fin a uno de los capítulos judiciales más polémicos en Neiva
relacionado con grandes proyectos urbanos, muchos de ellos catalogados
localmente como “elefantes blancos”.
Lo
que significa para Neiva y para el legado del proyecto.
El
Parque Isla Aventura fue concebido como una apuesta ambiciosa de desarrollo
urbano, infraestructura y turismo sostenible. Sin embargo, nunca se concretó:
las obras quedaron inconclusas, y el contrato fue objeto de cuestionamientos
judiciales.
Con
la absolución de sus principales responsables, el proyecto entra en una nueva
fase de incertidumbre. Para muchos, la decisión judicial reabre el debate sobre
las responsabilidades políticas y administrativas detrás de inversiones
fallidas, así como sobre la rendición de cuentas y el control de la
contratación pública.
Para
otros, representa un cierre judicial del caso: el exalcalde y su exfuncionario
ahora recuperan su libertad y pueden aspirar a retomar su vida pública o
privada, libres de las restricciones derivadas del proceso penal.
“Hoy
quiero expresar mi más profundo agradecimiento, en primer lugar a Dios todopoderoso
y a todos ustedes, por el apoyo, la solidaridad y la confianza que me brindaron
en los momentos más difíciles.
Como
muchos saben, enfrenté una condena en primera instancia por el delito de
contrato sin cumplimiento de requisitos legales, una situación que marcó
profundamente mi vida y la de mi familia. Sin embargo, gracias a Dios, a la
justicia y a la verdad, he sido declarado inocente en segunda instancia”, señaló
en sus redes sociales el exalcalde Héctor Aníbal Ramírez.
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