Por Julio Bahamon Vanegas
Así se burlan de la ley de
garantías: ¿y los organismos de control, en dónde están?
En proximidades a las
elecciones de 2026, el mapa de la contratación estatal regional y municipal
empieza a teñirse con los colores de la politiquería. Los datos de Colombia
compra eficiente revelan una tendencia preocupante: Los contratos a dedo,
adjudicados sin licitación pública, pasaron de 366.929 en 2021, a 632.670 en
2025, un crecimiento del 72%. Simultáneamente, los convenios
interadministrativos aumentaron en un 55%, pasando los montos de $1,8 billones
de pesos a $ 2,5 billones de pesos. Y esto ocurre justo antes de que entre en
vigencia la Ley de Garantías Electorales, que prohíbe este tipo de maniobras
durante los tres meses previos a las elecciones. En plata blanca: las entidades
públicas, gobernaciones y alcaldías están firmando a toda velocidad contratos a
dedo y convenios antes que la Ley les ponga freno.
Solo en 2025, el valor total
de la contratación directa registrada en el SECOP supero los $ 49 BILLONES de
pesos. Todo un festín administrativo a puertas de la campaña presidencial. Lo
grave es la “agilidad administrativa” que se usa para encubrir redes
clientelistas, alianzas políticas que se consolidan con recursos públicos.
Muchos dirán que no les importa, porque no les están quitando nada de lo suyo:
Equivocados quienes así obran. Sepan que les están robando los impuestos que
Uds. pagan. Y a los que no pagan impuestos, les están quitando oportunidades de
trabajo, salud, educación, bienestar y futuro.
Y mientras tanto, ¿qué hacen
los organismos de control? Ni la Procuraduría, ni la Contraloría General de La
Nación, ni las contralorías de bolsillo de los gobernadores y alcaldes, ni la
Fiscalía reaccionan ante un fenómeno que bordea la ilegalidad.
La Ley 996 de 2005, ley de
garantías electorales, fue creada precisamente para que el gobierno, las
gobernaciones o las alcaldías utilicen la contratación pública como herramienta
de campaña.
Tristemente, la contratación
estatal, departamental y municipal, más que un trámite técnico, se ha
convertido en un instrumento de poder político. Quien controla los contratos,
controla la burocracia, las lealtades locales, y en muchos casos, el voto.
En muchos casos se usa para
evadir licitaciones, para hacer traslados presupuestales, sin concurso público,
adiciones, anticipos, por encima de lo legal, porque lo que quieren los
gobernadores y alcaldes es asegurar su “tajada”
La Procuraduría, la
Contraloría y la Fiscalía saben que cada contrato firmado por fuera de la ley
de garantías electorales, no es un simple trámite, sino una alerta de
corrupción electoral. ¿Si lo saben, porque no actúan de oficio? ¿Qué hacen sus
delegados departamentales?
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