Una
grave denuncia ha sido formulada hoy por la Oficina en Colombia de los Derechos
Humanos de la ONU: nueve personas que integraban una misión médica fueron
retenidas por un grupo armado no estatal en el municipio de La Plata, en el
departamento del Huila.
El equipo secuestrado en mañana de ayer miércoles 8 de octubre de 2025, estaba conformado por profesionales de la salud y conductores adscritos a la E.S.E. San Sebastián, y se movilizaba hacia zonas rurales —como las veredas Agua Bonita y Buenos Aires— para llevar servicios de atención básica y vacunación. Fueron identificadas como las auxiliares de enfermería Aidé Q., Nicol G., María M. y Jhon R.; la enfermera jefe Estefanía S. y la médica Natalia S., además de los conductores, Freiner C. y Helmer Manolo D.
De acuerdo con las versiones citadas por la ONU, las personas habrían sido
interceptadas en su desplazamiento por un grupo armado ilegal, que según las
autoridades locales correspondería a la estructura Hernando González Acosta,
una de las facciones de las disidencias de las FARC.
La ONU, a través de su oficina de Derechos Humanos en Colombia, expresó su
alarma ante lo que califica como una “grave violación al Derecho Internacional
Humanitario” y exigió la liberación “inmediata, sana y salva” de las nueve
personas.
Además,
recordó que el personal sanitario en zonas de conflicto goza de protección
irrestricta según las normas humanitarias vigentes.
Desde
la Gobernación del Huila, el secretario de Gobierno, Juan Carlos Casallas
Rivas, confirmó la retención del equipo médico por parte del grupo armado e
indicó que los captores han impuesto controles adicionales en la zona rural,
exigiendo que toda persona ajena a las comunidades sea verificada por juntas
comunales antes de ingresar al territorio.
Impacto en salud y comunidades rurales
El suceso genera preocupación inmediata por el bienestar de comunidades
vulnerables que dependen de estas brigadas médicas para acceder a servicios
esenciales de salud. Fuentes locales advierten que este tipo de acciones no
solo pone en riesgo la vida de los profesionales, sino que obstaculiza la
prestación de servicios y vulnera derechos básicos.
Este
evento se suma al contexto de alertas tempranas emitidas para La Plata, por el
incremento de presencia de estructuras armadas en la zona y las amenazas contra
quienes transitan en territorios rurales afectadas por el conflicto.
Las autoridades locales y departamentales no han emitido un pronunciamiento
oficial actualizado para aclarar la condición de los retenidos ni informar
sobre posibles gestiones de liberación o diálogo. Organismos de derechos
humanos y entidades médicas siguen ejerciendo presión para que se garantice la
vida, integridad y libertad del personal capturado.
Contexto
de violencia
Este
episodio se enmarca en un contexto de creciente presión militar y control
territorial por estructuras armadas ilegales en la zona occidental del Huila.
En marzo de 2025, el GAULA reportó capturas contra personas señaladas de
participar en secuestros en municipios de La Plata y Nátaga, presuntamente
vinculadas a las mismas redes de apoyo de disidencias armadas. Policía Nacional de Colombia.
En
septiembre de 2025, un incidente de alta tensión tuvo lugar en La Plata cuando
74 militares fueron retenidos por civiles bajo control de grupos armados en las
veredas del municipio. Aunque no se trató de un secuestro clásico, el hecho
evidenció el nivel de presión y control territorial que ejercen los grupos
armados en la región.
Adicionalmente,
en abril de 2025, fue perpetrado un atentado con una motocicleta bomba en el
centro de La Plata que dejó dos muertos y decenas de heridos. Aunque no ha sido
reivindicado con certeza, autoridades apuntaron a disidencias del Estado Mayor
Central.
Estas
dinámicas de violencia —ataques explosivos, controles armados, capturas
selectivas— han venido configurando un escenario hostil para la movilidad y la
prestación de servicios públicos en zonas rurales del departamento.
El
secuestro de una misión médica representa no solo una amenaza directa para la
vida de profesionales y conductores, sino también un golpe estratégico a la
provisión de servicios de salud en zonas vulnerables. La población rural del
occidente del Huila depende de estas brigadas para vacunación, atención
primaria, control de enfermedades, entre otros.
Analistas
consultados por medios nacionales advierten: estos hechos buscan disuadir la
presencia del Estado y reconfigurar el control territorial, usando la salud y
los derechos humanos como fichas de presión.
El
riesgo más inminente es el deterioro de la integridad física y psicológica de
los retenidos, especialmente si no se garantiza atención humanitaria, así como
la paralización de futuras misiones médicas en la zona.
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