PARAPETO. - EL HUILA, PRESO DEL NARCOTERRORISMO, Y DE LA INDOLENCIA DEL GOBERNADOR.

Lo dice la Defensoría del Pueblo en un informe reciente en el que confirma lo que estamos viviendo los huilenses: 22 municipios del departamento, el 60 % del territorio, están en alto riesgo electoral por cuenta del avance del narcoterrorismo. 

 

Por Julio Bahamon Vanegas

Lo advertimos hace más de dos años, a través de esta columna, de que el Huila se podría “caucanizar”, y ya lo sentimos en carne propia, lamentablemente.

En otras palabras, más del 60% de nuestra gente está bajo la sombra de las armas, y lo más indignante es que el Gobierno Departamental sigue mirando para otro lado: la preocupación del gobernador hoy es la de elegir un contralor de bolsillo que, al lado de su esposa, la delegada del Contralor General de la República, se encarguen de “fiscalizar” las inversiones y la contratación de su gobierno.

El caso del municipio de La Plata, catalogado en el nivel de urgente, es un reflejo del abandono: campesinos confinados por comunidades indígenas asociadas a grupos armados, veredas y centros poblados bajo el control de las Farc, líderes silenciados a punta de fusiles. Allí, como en Tello, Baraya, Neiva, Algeciras, Pitalito, Garzón, Acevedo, Saladoblanco, Oporapa, Santa María, Iquira, Nátaga, Isnos, San Agustín, Colombia, Campoalegre, Gigante, Suaza, Guadalupe, Aipe y la Argentina, el miedo es la nueva normalidad.

La pregunta es inevitable: ¿Dónde está el gobernador del Huila? ¿Cuál ha sido su respuesta más allá de los protocolarios consejos de seguridad, improvisados, que terminan convertidos en actos notariales, con ofrecimientos de parte del gobierno, de insólitas recompensas y discursos de ocasión?

Necesitamos un gobernador que tenga coraje, que no se limite a dar declaraciones y relatos de la tragedia, uno que sea capaz de coordinar con autoridad a las fuerzas armadas, y no a posar en reuniones con candidatos presidenciales cercanos a su jefe, el presidente Gustavo Petro, que tenga ascendencia ante el alto mando militar para exigir presencia del Estado, y que goce de la confianza de los huilenses para garantizarles democracia y que no se arrodille ante los violentos.

Tendremos elecciones amordazadas y secuestradas en 2026 por la intimidación de los grupos ilegales narcoterroristas de las Farc. ¿De qué sirven las elecciones si en más de 22 municipios sus habitantes, en un número superior 1.300.000 se encuentran secuestrados por las amenazas de las disidencias de las Farc? La verdad es incómoda, pero debo decirla: El gobernador Rodrigo Villalba ha dejado al Huila a su suerte, por la falta de carácter, de ausencia de liderazgo, de complicidad pasiva con el deterioro de la seguridad.

Exigimos resultados, no excusas, porque si la democracia se cae en el Huila, la responsabilidad será compartida entre los violentos que empuñan las armas y el gobernante que, por cobardía, se cruza de brazos.