Las víctimas eran contactadas a través de una
red social mediante la cual les ofrecerían ingresar al Ejército y a cambio les
pedían consignar un millón de pesos para pagar exámenes de laboratorio que
jamás se realizaban. La estafa asciende a más de $22 millones.
Edgar Rondón Rojas, Jhon Alexis
Montiel Albino, Omar Rodrigo Peña, Andrés Fernando Bocanegra Albornoz y José
Luis Guzmán Riaño fueron afectados con medida de aseguramiento intramuros por
su presunta participación en los delitos de concierto para delinquir y estafa
agravada de los cuales habrían sido víctimas 21 jóvenes que aspiraban a
ingresar al Ejército Nacional.
Los procesados quienes harían
parte de un grupo de delincuencia organizada denominado Los Reclutadores desde
el año 2021, están relacionados en 21 investigaciones con igual número de
víctimas que perdieron una suma superior a los 22 millones de pesos. Mediante
un operativo dirigido por un despacho local adscrito a la Unidad de Estafas de
la Seccional Tolima, se realizaron sus capturas por investigadores del CTI del
Grupo de Estructura de Apoyo, con el apoyo de integrantes de la Policía
Nacional y Ejército Nacional en Ibagué y Ataco, Tolima; Pereira, Risaralda, y
en Villavicencio, Meta.
Todos fueron imputados por la
delegada fiscal por los delitos de concierto para delinquir y estafa agravada
en modalidad masa, los cuales no aceptaron haber cometido. Su modus operandi
Las víctimas entre 18 y 21 años de edad era jóvenes interesados en prestar
servicio militar que inocentemente ingresaban a páginas de una reconocida red
social donde les ofrecían acceder de manera fácil a ese deseo.
Esta era la forma como el
estafador los contactaba y así les engañaría bajo el ofrecimiento de ayudarles
a ingresar a la entidad, pero para ello debían pagar la suma de $1.000.000 la
cual debían consignar a través de reconocidas empresas de giros del país para
costear supuestos exámenes de laboratorio.
Luego de que le enviaban el
recibo como constancia de haber hecho la consignación, los citaba a las afueras
de una clínica o centro médico donde supuestamente se realizarían los exámenes,
pero el hombre no llegaba a la cita y posteriormente perdían contacto con él.
Elementos materiales probatorios
dan cuenta que los hoy privados de la libertad tendrían injerencia a nivel
nacional, dejando víctimas no solo en Ibagué, donde sería su centro de
operaciones sino también en los departamentos de Cundinamarca y su ciudad capital
Bogotá; Huila; Villavicencio; Atlántico; Bolívar; Antioquia; Cauca; Valle del
Cauca; Córdoba; Santander; Magdalena; Valledupar; Sucre; Amazonas y Chocó.
Ninguno aceptó los cargos imputados por la delegada fiscal.
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