Diego Alexánder Silva Orozco fue
capturado en San Vicente del Caguán, Caquetá, por integrantes de la Policía
Nacional, ya que en su contra pesaba una orden de captura para responder por
varios delitos por los que la Fiscalía lo investiga cometidos contra una
familia en una finca ubicada en la vereda San Jorge, inspección Guacirco de
Neiva, Huila en el año 2020.
El hombre fue imputado por los
delitos de homicidio agravado, secuestro simple agravado, uso de menores de
edad para la comisión de delitos, hurto calificado y agravado, acceso carnal
violento y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego por un despacho
fiscal especializado de la Seccional Huila, los cuales no aceptó y fue enviado
a la cárcel como medida de aseguramiento intramuros.
Los hechos ocurrieron el 30 de
diciembre del 2020 entre las 4:00 de la tarde y 9:00 de la noche, cuando tres
hombres armados ingresaron a una finca en zona rural de la capital huilense y
pusieron en estado de indefensión a una mujer y dos menores de edad.
Posteriormente, quienes iban llegando a la casa fueron encerrados en cuartos; a
los hombres los amarraron de pies y manos y procedieron a buscar dinero y
elementos de valor que pudieran llevarse.
En total pusieron en estado de
indefensión a 13 personas, entre ellas tres menores de edad. Una de las jóvenes
que se encontraba retenida fue sacada de la vivienda junto a otra persona.
Posteriormente, regresó, quedando en evidencia que había sido amenazada con un
arma y accedida carnalmente de forma violenta.
Los tres hombres se marcharían
con tres motocicletas avaluadas en cerca de 15 millones de pesos, aparatos
celulares, joyas y dinero en efectivo. Cuando lograron desamarrarse, los que
quedaron dentro de la casa encontraron a Edgar Gaviria sin vida, amarrado a un
árbol. Su muerte sería ocasionada por un trauma, cráneo-encefálico contundente y
lesiones en su cuerpo.
Actividades investigativas y
propias de policía judicial dan cuenta que Silva Orozco junto con dos personas
más, una de ellas ya condenada a 39 años de prisión identificada como Oliverio
Zea Perdomo, y un menor de edad quien se encuentra en juicio, unieron
voluntades para ingresar a la finca ese día y cometer estos graves delitos
atentando contra la vida, la libertad e integridad sexual, el patrimonio
económico, la seguridad pública y la autonomía personal de quienes se
encontraban allí. Estos resultados se logran de acuerdo con el compromiso
adquirido por la Fiscal General de la Nación (e), Martha Janeth Mancera, de
contrarrestar los delitos que afectan la seguridad ciudadana.
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