Carlos Eduardo Mora González, tuvo un rol determinante en la planeación y logística del ataque con arma de fuego el dirigente político del Centro Democrático.
Uno
de los principales implicados en el asesinato del senador y precandidato
presidencial Miguel Uribe Turbay, perpetrado el pasado 7 de junio en el barrio
Modelia, será condenado a 21 años de prisión, luego de aceptar su participación
en el crimen mediante un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.
Se
trata de Carlos Eduardo Mora González, quien fue capturado semanas después del
homicidio y que, de acuerdo con las autoridades judiciales, tuvo un rol
determinante en la planeación y logística del ataque. Según el expediente
judicial, Mora González identificó el sitio donde se cometió el crimen y
facilitó un vehículo que fue utilizado para trasladar a otros involucrados.
Estos, a su vez, entregaron el arma de fuego al menor de edad que disparó
contra el congresista.
El
preacuerdo fue avalado recientemente por un juez penal especializado de Bogotá,
quien aceptó los términos de la negociación judicial. Como resultado, Mora
González enfrentará una pena de 21 años de prisión por los delitos de homicidio
agravado, concierto para delinquir agravado, y fabricación, tráfico, porte o
tenencia de armas de fuego agravado.
Una
ejecución planificada
La
Fiscalía ha descrito el asesinato de Miguel Uribe Turbay como un magnicidio
cuidadosamente planeado, en el que convergieron intereses criminales con
motivaciones políticas aún en proceso de esclarecimiento. El rol de Mora
González, según la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, fue clave en el
desarrollo del operativo. No solo realizó labores de inteligencia previa en el
lugar del crimen, sino que además transportó a los autores materiales, entre
ellos el menor que accionó el arma contra el senador.
A
cambio de su participación, Mora recibió un pago de cinco millones de pesos, lo
que revela el uso sistemático de redes criminales de bajo perfil para ejecutar
crímenes de alto impacto.
En
la investigación se identificó que Mora formaba parte de una estructura
delictiva dedicada al narcomenudeo y a homicidios selectivos, cuyas operaciones
estaban camufladas tras la apariencia de una actividad legal: era conductor de
plataformas de transporte, desde donde realizaba movimientos de armas y
estupefacientes por encargo del grupo criminal.
La
muerte de Miguel Uribe Turbay generó una profunda conmoción en la opinión
pública y un llamado urgente al Gobierno Nacional para reforzar las garantías
de seguridad para líderes políticos, especialmente en un año preelectoral.
Uribe
Turbay, heredero de una de las familias más tradicionales de la política
colombiana, había ganado notoriedad por su postura firme contra la corrupción y
el crimen organizado. Su asesinato no solo truncó una carrera política en
ascenso, sino que también reabrió el debate sobre la penetración de
organizaciones criminales en la política nacional.
El
proceso continúa: ¿quién dio la orden?
Aunque
la condena de Mora González representa un avance judicial importante, el caso sigue
abierto. Las autoridades han reiterado que la investigación avanza para
identificar a los autores intelectuales y determinar si existieron motivaciones
políticas más profundas detrás del ataque.
La
lectura oficial de la sentencia contra Carlos Eduardo Mora González se
realizará en marzo de 2026, y hasta entonces continuará bajo detención
preventiva en un centro carcelario de Bogotá.
Mientras
tanto, sectores políticos y organizaciones de derechos humanos han exigido que
se esclarezca la totalidad del caso y se proteja a quienes han sido objeto de
amenazas o seguimientos por parte de estructuras criminales que operan en las
sombras de la democracia.
El
magnicidio de Miguel Uribe Turbay ha marcado un antes y un después en el clima
político colombiano. La condena a uno de sus autores materiales es solo el
primer paso hacia la justicia en un caso que ha sacudido los cimientos del
país.
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