La iniciativa legislativa es promovida por el representante huilense Julio Cesar Triana.
Un proyecto de ley que avanza en el Congreso de la
República plantea cambios sustanciales en la forma en que se adquieren y
activan las tarjetas SIM en Colombia, como parte de una estrategia para
enfrentar la extorsión telefónica, uno de los delitos de mayor impacto en el
país y que, en buena medida, se origina desde centros de reclusión.
La iniciativa, presentada por un grupo de congresistas
entre los que se encuentra el representante a la Cámara por el Huila, Julio
César Triana, propone establecer la identificación biométrica obligatoria para
la compra y activación de líneas móviles, tanto físicas como virtuales (e-SIM).
El objetivo es cerrar el paso al uso indiscriminado de tarjetas adquiridas sin
controles, práctica que ha facilitado la suplantación de identidades y ha
dificultado la identificación de los responsables de este delito.
De acuerdo con cifras oficiales citadas durante el
trámite legislativo, un alto porcentaje de las extorsiones en Colombia se
comete a través de llamadas telefónicas, y una parte significativa de estas se
origina en establecimientos penitenciarios. Frente a este panorama, el proyecto
contempla la creación de un registro nacional de usuarios de tarjetas SIM y
e-SIM, administrado por entidades del Estado, que centralizaría la información
de quienes adquieren líneas móviles en el país.
La propuesta también establece la prohibición de
comercializar o activar tarjetas sin el respectivo registro biométrico, así
como la posibilidad de desactivar las líneas que no cumplan con este requisito.
Adicionalmente, se plantea la implementación de un sistema que permita
identificar las llamadas provenientes de centros penitenciarios y alertar a los
usuarios que las reciben, como medida preventiva frente a posibles intentos de
extorsión.
Triana ha señalado que el crecimiento de este delito ha
tenido un impacto directo en las regiones, afectando especialmente a
comerciantes y ciudadanos. Según datos expuestos por el congresista, en el
Huila se registró un aumento considerable de los casos reportados durante el
primer semestre del año pasado, en comparación con el mismo periodo anterior.
El articulado también busca asignar una mayor responsabilidad a los operadores de telefonía móvil, al considerar que cuentan con la información técnica y las bases de datos necesarias para apoyar las labores de control y judicialización. El proyecto deberá continuar ahora su trámite en el Congreso, donde será debatido en las comisiones correspondientes. De ser aprobado, introduciría nuevas reglas en el mercado de la telefonía móvil y en los mecanismos de prevención de la extorsión en Colombia.
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