Por Julio Bahamon
La Procuraduría General de la
Nación hizo un pronunciamiento frente al atentado ocurrido en Neiva el pasado
13 de enero contra el director y el subdirector de la cárcel de Rivera, en un
acto de solidaridad formal que cumple con el deber de la institucionalidad. La
solidaridad de todo el Huila expresada con el funcionario, víctima de la
perdida atroz de su hijo menor de apenas 11 años, es un imperativo moral con
las familias, pero nos preocupa que, en el país, en los últimos años, hemos
vivido en continuas manifestaciones de solidaridad ante los brutales crímenes
que se cometen a diario, en el entendido de qué solidaridad sin autoridad es
una forma de complicidad pasiva.
Los colombianos no necesitamos
más comunicados, ni consejos de seguridad que lo único que avalan es el avance
de los criminales ante un gobierno inerme que se limita a lamentar, cuando sus
funcionarios son cazados, y ahora, cuando el brazo armado de los sediciosos se
ha extendido a sus hijos. Lo presentimos desde hace varios años y lo que vemos,
es la consecuencia directa de un Estado que renuncio a ejercer el monopolio
legítimo de la fuerza, y opto, por contemporizar con el crimen organizado.
La historia se ha demorado en
juzgar con severidad al actual gobierno que decidió sentar en su mesa y llevar
como teloneros a las bandas criminales en negociaciones en tarimas públicas
como ocurrió en la plazoleta de La Alpujarra en Medellín, otorgándoles estatus
político y legitimidad social. Gustavo Petro con ese inaudito caso les envió un
mensaje a los terroristas, de rendición del Estado. Desde entonces, los delincuentes entendieron
que podían matar, extorsionar y aterrorizar sin tener que enfrentar una
respuesta superior en fuerza: la del Estado.
Hoy el precio de esa política
lo está pagando los más indefensos. No solo caen los funcionarios que cumplen
con su deber, también asesinan policías y soldados desarmados, sino que el
terror ha cruzado una línea inadmisible: asesinar a menores de edad como forma
de retaliación. Cuando el crimen llega a ese nivel de sevicia, cualquier
debilidad del Estado se convierte en estímulo.
Las recompensas no reemplazan
la autoridad. Debería darles pena a los funcionarios de alto nivel que salen a
ofrecerlas, cuando su obligación es actuar preventivamente, con inteligencia y
decisión, máxime, cuando en este caso, el recién nombrado director de la cárcel
de Neiva ya había sido objeto de otro atentado, afortunadamente sin
consecuencias letales. El ciudadano común exige que las autoridades ordenen a
la policía nacional y al ejército que actúen con todo el peso de la ley, de
manera sostenida, coordinada y sin interferencias políticas para recuperar la
seguridad, el control territorial que hemos perdido. Proteger la vida es la
razón de ser del Estado.
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