En abstracto, si es posible.
En Colombia la responsabilidad del ministro puede darse en tres niveles
distintos: 1.- Responsabilidad política, en el entendido de que el ministro es
responsable de la dirección, coordinación y financiación del sistema. 2.- Si
omite pagos, retarda giros o adopta decisiones que desfinancian el sistema
puede ser: citado a moción de censura en el Congreso; investigado por control
político o retirado del cargo por negligente.
Para ello, no se exige probar
una muerte concreta, sino el mal manejo, la negligencia y/o decisiones dañinas
para el sistema. También existe una responsabilidad administrativa y
patrimonial del Estado si se demuestra que el Estado tenía el deber legal de
garantizar la prestación del servicio de salud a la población colombiana. Si
hubo omisión en los pagos, o en la gestión y si esa omisión produjo daños
graves a los pacientes. Parece que en el caso del ministro Guillermo Alfonso
Jaramillo Martínez, todo lo anterior se cumple a cabalidad, para que cualquier
ciudadano afectado en sus derechos o en los de su familia, puede acudir a la
ley para reclamar la vulnerabilidad legal del derecho fundamental a la salud.
En Colombia ya hay múltiples
fallos donde la falta de medicamentos o tratamientos oportunos ha generado condenas
al Estado.
¿Puede existir responsabilidad
penal del ministro Jaramillo? No es jurídicamente imposible. Puede
inclusive pedírsele a la justicia que
llame a responder penalmente al ministro por muertes derivadas de la crisis probando
que, si el ministro dentro de sus
funciones tenía el deber legal de proteger el sistema de salud de los
colombianos y, sin embargo, no lo hizo sabiendo que tenía la competencia y los medios para ordenar pagos o evitar el
colapso, pero si además sabía que la falta de pagos estaba generando la
suspensión de servicios esenciales y, sin embargo, no actuó, o lo hizo de manera
negligente e insuficiente. De igual manera si se establece que la falta de
medicamentos o tratamientos fue consecuencia directa de decisiones u omisiones
del ministerio, y que esa omisión contribuyó de manera determinante al daño del
paciente.
¿Se ha excedido el ministro
Jaramillo en sus funciones y ha sido negligente? Podemos contestar de tres
maneras: ¿El ministro priorizó una reforma ideológica sobre la continuidad del
servicio?, ¿Ejerció un severo control sin garantizar la liquidez del sistema?
En conclusión, políticamente el ministro si puede ser considerado responsable
del colapso actual. Penalmente, la responsabilidad del ministro no es
jurídicamente imposible de demostrar.
Jaramillo, el nuevo “ángel de
la muerte”?, ¿Cuándo la falta de medicamentos se convierte para miles en
sentencia? La reforma ha servido como un experimento de la soberbia del
ministro Jaramillo.
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