Los procesados habrían disparado contra la víctima durante un intento de robo. Un uniformado de la Policía resultó herido al intervenir para frustrar el asalto.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Juan Diego
Rojas Rozo, Kevin Daniel Murillo Chávez y Michael Steven Méndez, señalados de
participar presuntamente en un intento de hurto ocurrido el pasado 4 de febrero
en Pitalito, Huila.
Por: Dedacción Judicial
Según la investigación, los hechos se registraron en
inmediaciones de la glorieta de la plaza de mercado, donde los tres hombres se
movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje y, al parecer, interceptaron
a un ciudadano con el propósito de apoderarse de sus pertenencias.
De acuerdo con la Fiscalía, los presuntos delincuentes
habrían disparado contra la víctima para obligarla a entregar dinero en
efectivo y una motocicleta. La situación fue advertida por uniformados de la
Policía Nacional, quienes intervinieron para impedir que se concretara el
asalto.
Durante la reacción policial se produjo un intercambio de
disparos, en medio del cual uno de los uniformados resultó lesionado. Los
señalados responsables huyeron del lugar y posteriormente fueron vinculados a
la investigación.
Les imputaron varios delitos
Un fiscal de la Seccional Huila imputó a los tres
procesados los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de
fuego, accesorios, partes o municiones; homicidio en grado de tentativa; hurto
calificado y agravado en grado de tentativa; lesiones personales dolosas y
violencia contra servidor público agravado.
Los investigados no aceptaron los cargos formulados por
la Fiscalía.
Sin embargo, un juez de control de garantías ordenó que
los tres hombres fueran cobijados con medida de aseguramiento en
establecimiento carcelario, mientras avanza el proceso judicial.
Capturados en Pitalito
Las órdenes de captura fueron hechas efectivas por la
Policía Nacional en vía pública del barrio Cristo Rey de Pitalito.
La investigación busca establecer plenamente la
responsabilidad individual de los procesados frente a los hechos ocurridos en
febrero. La medida de aseguramiento no implica una condena, por lo que los
señalados conservan su presunción de inocencia mientras la justicia determina
su responsabilidad.
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