Fiscalía judicializa a dos personas por presunta captación masiva de $200 mil millones que habría afectado a cerca de 8.000 ciudadanos.
La Fiscalía General de la
Nación judicializó a Mariana Vanessa Araos Borja y Alexander Suárez Burgos,
señalados de participar en un presunto esquema de captación masiva y habitual
de dinero que habría recibido cerca de $200 mil millones de pesos, de aproximadamente
8.000 ciudadanos entre 2021 y 2024.
Por: Redacción Judicial
La investigación, adelantada
por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Delegada para
las Finanzas Criminales, establece que el esquema habría comenzado en 2021 a
través de una empresa comercializadora y exportadora y, posteriormente,
continuó mediante una cooperativa constituida en 2022.
De acuerdo con la Fiscalía, el modelo utilizado para atraer a los inversionistas contemplaba dos modalidades.
La primera estaba relacionada
con la supuesta compra y comercialización de plátano producido por agricultores
de la región, que posteriormente sería vendido en mercados nacionales e
internacionales.
La segunda consistía en
vincular a terceros como “asociados” o “socios ocultos”, mediante contratos de
cuentas en participación.
A cambio de los recursos
aportados, se habría ofrecido una rentabilidad del 25 % cada 25 días hábiles,
supuestamente derivada de las ganancias obtenidas por la comercialización del
producto agrícola.
Cerca de 8.000 personas
habrían entregado sus recursos
Los elementos materiales
probatorios recopilados por los investigadores señalan que cerca de 8.000
personas habrían entregado aproximadamente $200.000 millones.
Sin embargo, según la
Fiscalía, los afectados no recibieron los rendimientos prometidos ni lograron
recuperar el dinero invertido.
Entre las personas que habrían
resultado afectadas figuran mujeres cabeza de familia, víctimas de
desplazamiento, docentes rurales, campesinos y agricultores.
La presunta captación se
habría concentrado principalmente en Turbo, Carepa, Apartadó, Medellín y Andes,
Antioquia, aunque también fueron identificadas víctimas en Valle del Cauca,
Magdalena y Tolima, entre otros departamentos.
Capturas y judicialización
Una de las procesadas fue
capturada el pasado 10 de julio en el aeropuerto internacional José María
Córdova, mientras que el otro investigado se presentó voluntariamente ante las
autoridades.
En audiencias realizadas por
separado, jueces de control de garantías legalizaron los procedimientos.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos les imputó, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, los delitos de captación masiva y habitual de dineros y no reintegro. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
Permanecerán bajo medida de
aseguramiento
Por decisión de los jueces de
control de garantías, Mariana Vanessa Araos Borja y Alexander Suárez Burgos
deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus
respectivos lugares de residencia, mientras avanza el proceso judicial.
La Fiscalía continuará con las
investigaciones para establecer el destino de los recursos, determinar el
funcionamiento de la presunta estructura de captación y establecer las
responsabilidades individuales correspondientes.
El caso deja bajo
investigación un presunto esquema que habría movilizado $200.000 millones de
cerca de 8.000 ciudadanos, quienes habrían sido atraídos con la promesa de
elevados rendimientos derivados de la comercialización de plátano.
Aunque los dos procesados no
aceptaron los cargos, deberán permanecer bajo medida de aseguramiento
domiciliaria mientras continúa el proceso judicial y las autoridades avanzan en
el esclarecimiento de los hechos.
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