El Gobierno Nacional
avanzó este miércoles en la declaratoria de emergencia económica, social y
ecológica para atender las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 que
sacudió al país el pasado 10 de agosto y cuyo epicentro fue localizado en
inmediaciones de San José del Palmar, Chocó.
Por: Redacción Actualidad
La decisión fue llevada al primer
Consejo de Ministros presencial del gobierno del presidente Abelardo de la
Espriella, convocado en Bogotá, y tiene como propósito acelerar la respuesta
estatal frente a la magnitud de los daños y abrir una nueva etapa concentrada
en la recuperación y reconstrucción de los territorios afectados.
El anuncio se produce mientras
el país enfrenta un balance que continúa actualizándose. La UNGRD reportó, con
corte a las 6:30 de la mañana del 19 de agosto, 314 personas fallecidas, 4.380
heridas y 290 desaparecidas, además de 294.503 personas afectadas en 470
municipios de 15 departamentos. El mismo reporte contabilizó 29.680 viviendas
destruidas y 134.282 averiadas, junto con graves daños en infraestructura de
salud, educación, vías, acueductos y puentes.
Una herramienta para la
reconstrucción
La emergencia económica es una
figura contemplada en el artículo 215 de la Constitución Política, que permite
al Presidente, con la firma de todos sus ministros, adoptar medidas
extraordinarias cuando sobrevengan hechos que perturben o amenacen perturbar
gravemente el orden económico, social o ecológico, o constituyan una grave
calamidad pública.
El Gobierno ha explicado que
esta herramienta permitirá expedir decretos con fuerza de ley relacionados
directamente con la crisis y disponer de mecanismos adicionales para movilizar
recursos hacia las zonas devastadas.
La medida no reemplaza la
declaratoria de desastre nacional que ya había sido adoptada mediante el
Decreto 1171 del 11 de agosto, instrumento que activó el régimen especial
previsto en la Ley 1523 de 2012 para la atención de la emergencia.
Fondo Milagro, subsidios y
alivios
Entre las iniciativas
anunciadas por el Gobierno se encuentra el denominado Fondo Milagro, concebido
como un mecanismo para canalizar recursos nacionales e internacionales
destinados a la reconstrucción de hospitales, instituciones educativas,
viviendas, vías y aeropuertos.
El Ejecutivo también ha
planteado subsidios de arrendamiento para las familias que perdieron sus
viviendas, alivios tributarios y financieros y mecanismos de apoyo para
comerciantes y empresas afectadas.
En paralelo, el sector
bancario anunció medidas de alivio para damnificados, que incluyen periodos de
gracia y otras alternativas para facilitar la recuperación económica de hogares
y empresas golpeados por el terremoto.
El Gobierno calcula que la
reconstrucción tendrá un costo de varios billones de pesos. El presidente ha
situado preliminarmente las pérdidas económicas alrededor de 30 billones de
pesos, aunque la cifra continuará siendo ajustada a medida que avance la
evaluación técnica de los daños. Reuters reportó inicialmente una estimación
cercana a esa cifra, equivalente a unos 9.600 millones de dólares.
Consejo de Ministros define la
siguiente etapa
La reunión del gabinete se
produjo después de varios días de anuncios sobre la declaratoria de emergencia
económica. Durante la jornada, el Gobierno debía definir los instrumentos
jurídicos y financieros necesarios para pasar de la atención inmediata de la
tragedia a una fase de recuperación y reconstrucción.
El vicepresidente José Manuel
Restrepo había explicado que la medida sería utilizada principalmente para
respaldar esta segunda etapa y que las diferentes carteras ya preparaban los
decretos que acompañarían la declaratoria.
El Consejo de Ministros
también revisó las acciones adelantadas en materia de vivienda, atención
humanitaria, infraestructura, salud, educación y recuperación económica.
La emergencia deja una enorme
factura social
El nuevo balance nacional
refleja la dimensión de la tragedia.
Además de las víctimas
mortales y los heridos, la emergencia ha provocado daños en 3.423 centros
educativos, 334 centros de salud y 4.054 centros comunitarios.
También se reportan 421 vías,
97 acueductos, 56 puentes vehiculares, 13 puentes peatonales y cinco
aeropuertos afectados.
La infraestructura
habitacional concentra una de las mayores necesidades: casi 30.000 viviendas
quedaron destruidas, mientras más de 134.000 presentan algún nivel de avería.
Las cifras continúan
modificándose conforme las autoridades territoriales y los organismos de
socorro consolidan los reportes de daños.
Control constitucional
La declaratoria de emergencia
económica no otorga facultades ilimitadas al Ejecutivo. Los decretos
legislativos que se expidan deberán guardar relación directa con las causas que
originaron la emergencia y estarán sometidos al control de la Corte
Constitucional.
La Constitución establece
además límites temporales para este tipo de estados de excepción. De acuerdo
con análisis jurídicos publicados sobre la medida, una emergencia económica no
puede superar los 30 días por declaratoria y debe cumplir los requisitos
constitucionales de motivación, firma ministerial y conexidad con la calamidad
que la origina.
Colombia entra en una nueva
fase
Con la declaratoria, el
Gobierno busca pasar de la respuesta inmediata a una estrategia nacional de reconstrucción
de largo alcance.
El reto será recuperar
viviendas, hospitales, escuelas, carreteras y sistemas de servicios públicos,
pero también restablecer las condiciones económicas de miles de familias que
perdieron sus fuentes de ingreso.
Mientras continúan las labores
de búsqueda, atención y evaluación de daños, el Ejecutivo deberá definir los
primeros decretos y mecanismos de financiación que permitirán materializar la
reconstrucción.
La emergencia provocada por el
terremoto se convierte así en el primer gran desafío del gobierno de Abelardo
de la Espriella y en una prueba para la capacidad del Estado de responder ante
una catástrofe de dimensiones nacionales.
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