El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella anunció un endurecimiento de la política migratoria colombiana, con operativos para identificar a extranjeros en situación irregular y priorizar la deportación de quienes estén vinculados con actividades delictivas.
La nueva orientación
migratoria abrió un debate nacional entre quienes consideran necesario reforzar
el control de las fronteras y la seguridad, y sectores que advierten sobre el
riesgo de estigmatizar a la población migrante. El desafío será encontrar un
equilibrio entre la autoridad del Estado, la seguridad ciudadana y el respeto
por los derechos fundamentales.
Por: Redacción Actualidad
Colombia comenzó a transitar
hacia una política migratoria más estricta. El presidente Abelardo de la
Espriella ordenó iniciar operativos coordinados entre las autoridades
migratorias y la Policía para identificar a extranjeros que permanezcan en el
país sin la documentación requerida y avanzar en procesos de deportación.
La instrucción contempla dar
prioridad a los extranjeros relacionados con actividades criminales, antes de
ampliar las acciones hacia quienes se encuentren en situación migratoria
irregular. El anuncio fue presentado por el Gobierno como una decisión orientada
a fortalecer la seguridad y recuperar el control sobre los flujos migratorios.
La medida marca un cambio
importante frente a la política desarrollada durante los últimos años,
especialmente en relación con la población venezolana.
Durante la última década,
Colombia se convirtió en uno de los principales países receptores de población
venezolana. El Estado respondió inicialmente mediante mecanismos de
regularización e integración, entre ellos el Estatuto Temporal de Protección
para Migrantes Venezolanos.
De acuerdo con cifras de
Migración Colombia divulgadas en julio de 2026, se habían entregado más de 2,32
millones de Permisos por Protección Temporal, de los cuales cerca de 1,45
millones fueron expedidos desde agosto de 2022. La entidad también reportó
programas de integración relacionados con salud, educación, bancarización,
emprendimiento y acceso a oportunidades laborales.
El nuevo Gobierno plantea
ahora una orientación diferente, con mayor énfasis en el control, la
identificación de personas en condición irregular y la deportación de quienes
incumplan las normas migratorias o estén vinculados con delitos.
Según reportes publicados este
24 y 25 de agosto, Colombia alberga alrededor de 2,8 millones de migrantes
venezolanos, mientras que cerca de 848.000 se encontrarían sin documentación
migratoria regular. Las cifras y los alcances de los operativos han generado
preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes.
Uno de los principales puntos
de discusión está precisamente en evitar que la migración irregular sea
presentada automáticamente como sinónimo de criminalidad. Expertos y
organizaciones han advertido que una persona puede encontrarse en situación
migratoria irregular sin estar involucrada en actividades delictivas.
Al mismo tiempo, el Gobierno
sostiene que el Estado tiene la facultad de controlar sus fronteras y
determinar las condiciones de ingreso, permanencia y salida de extranjeros.
En Colombia, la política
migratoria está sustentada, entre otras normas, en la Ley 2136 de 2021, que
establece los principios y lineamientos de la Política Integral Migratoria.
Esta legislación contempla aspectos como soberanía y seguridad nacional,
derechos humanos, cooperación internacional, gobernanza, participación
ciudadana e integración social, económica y cultural.
El cambio anunciado también
contrasta con el proceso que había adelantado el anterior Gobierno para
construir una política migratoria de largo plazo. En julio de 2026, la
Cancillería presentó los Lineamientos Estratégicos de Gobernanza Migratoria
2026–2036, elaborados mediante la participación de organizaciones sociales,
migrantes, colombianos en el exterior, población retornada, organismos
internacionales y academia.
Ese proceso buscaba consolidar
una política que entendiera la movilidad humana desde una perspectiva integral,
con énfasis en derechos humanos, cooperación y participación social.
Por eso, el nuevo enfoque
plantea interrogantes sobre la continuidad de algunos mecanismos de
regularización y sobre la manera en que se aplicarán los controles en ciudades
fronterizas y territorios con alta presencia de población migrante.
El reto para las autoridades
será garantizar que los procedimientos de identificación, detención
administrativa, deportación y expulsión se desarrollen dentro del marco
constitucional y legal, respetando las garantías correspondientes a cada caso.
La nueva política migratoria
colombiana abre una etapa de mayor control y endurecimiento frente a la
migración irregular. El Gobierno argumenta que se trata de una medida necesaria
para proteger la seguridad nacional y combatir el crimen; sus críticos, en
cambio, advierten que la estrategia debe evitar la estigmatización de quienes
han llegado al país buscando protección o mejores condiciones de vida.
Colombia enfrenta así un
desafío complejo: ejercer su legítimo derecho a controlar las fronteras y hacer
cumplir sus leyes, pero sin confundir irregularidad migratoria con criminalidad
ni desconocer los derechos fundamentales.
El verdadero resultado de esta
nueva política dependerá no solamente del número de deportaciones, sino de la
capacidad del Estado para combinar seguridad, control migratorio, debido
proceso, cooperación internacional e integración, especialmente en las regiones
fronterizas donde la migración forma parte de la realidad social y económica
cotidiana.
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