Los hechos se presentaron el 8 de agosto de 2026, cuando se desarrollaba el operativo, y el ciudadano recibió un impacto de arma de fuego que le ocasionó graves lesiones.
El organismo solicitó a la
Fiscalía y la Procuraduría investigar las circunstancias en las que un
ciudadano resultó herido con arma de fuego durante una diligencia de desalojo
realizada el 8 de agosto en Palermo, Huila. Según la información conocida por la
Defensoría, el disparo habría sido accionado por uniformados adscritos al
Batallón de Artillería No. 9 Tenerife.
Por: Redacción Huila
La
Defensoría del Pueblo pidió esclarecer con celeridad las circunstancias que
rodearon el hecho en el que un ciudadano resultó gravemente herido durante una
diligencia de desalojo por ocupación de predios de propiedad del municipio de
Palermo, Huila.
De acuerdo con la información
divulgada por el organismo de derechos humanos, los hechos se presentaron el 8
de agosto, cuando se desarrollaba el procedimiento y el ciudadano recibió un
impacto de arma de fuego que le ocasionó graves lesiones. Según la información
conocida por la Defensoría, el disparo habría sido accionado por uniformados
adscritos al Batallón de Artillería No. 9 Tenerife.
Solicitan esclarecer
participación de militares
La Defensoría del Pueblo
manifestó que resulta indispensable establecer las circunstancias en las que
integrantes de las Fuerzas Militares hicieron presencia en el lugar, cuál fue
su participación durante la diligencia y bajo qué condiciones se produjo el
disparo que hirió al ciudadano.
El organismo recordó que las
diligencias de desalojo corresponden a actuaciones de naturaleza policial y
que, cuando resulta necesario utilizar la fuerza, estos procedimientos deben
estar precedidos por espacios de diálogo con las comunidades involucradas,
procurando privilegiar soluciones concertadas.
En ese sentido, la Defensoría
advirtió que las diligencias de desalojo no constituyen escenarios propios del
despliegue de las funciones constitucionales asignadas a las Fuerzas Militares,
por lo que pidió determinar las razones de la presencia de uniformados del
Ejército en el procedimiento y establecer las responsabilidades a que haya
lugar.
Llamado a Fiscalía,
Procuraduría y Ministerio de Defensa
Ante la gravedad de lo
ocurrido, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a diferentes entidades del
Estado para que adelanten las investigaciones correspondientes.
A la Fiscalía General de la
Nación le solicitó realizar, con celeridad y rigor, las investigaciones
necesarias para esclarecer plenamente los hechos, determinar las
responsabilidades y establecer las circunstancias en las que resultó herido el
ciudadano.
A la Procuraduría General de
la Nación pidió adelantar las actuaciones correspondientes, dentro de sus
competencias y mediante el ejercicio del poder disciplinario preferente, frente
a la eventual participación de servidores públicos en los hechos.
Por su parte, al Ministerio de
Defensa Nacional le solicitó adoptar las medidas necesarias para garantizar que
las actuaciones de los integrantes de la Fuerza Pública se desarrollen
estrictamente dentro del ámbito de sus competencias y con respeto irrestricto
por los derechos y garantías fundamentales de la población.
Investigación deberá
establecer responsabilidades
La Defensoría insistió en la
necesidad de que las autoridades competentes esclarezcan lo ocurrido y
determinen si hubo actuaciones irregulares durante el procedimiento de
desalojo.
El organismo señaló que el
respeto por los derechos fundamentales debe prevalecer en este tipo de
actuaciones y que cualquier utilización de la fuerza por parte de servidores
públicos debe ajustarse a la Constitución, la ley y los protocolos establecidos.
Mientras avanzan las
investigaciones, las autoridades deberán establecer las circunstancias exactas
en las que se produjo el disparo, la participación que tuvieron los uniformados
presentes en el lugar y las eventuales responsabilidades individuales.
El caso genera especial
atención en Palermo y en el departamento del Huila, mientras se espera que las
investigaciones de la Fiscalía y los organismos de control permitan esclarecer
los hechos y garantizar los derechos del ciudadano que resultó gravemente
herido.
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