"Estamos hablando de corrupción a través de obras contratadas con recursos públicos sin terminar o terminadas a medias, de proyectos sometidos a investigaciones y miles de millones de pesos que pertenecen a todos los huilenses, que se encuentran embolatados."
Por: Julio Bahamon
Candido, déjeme hacerle una
pregunta que seguramente muchos huilenses también se están haciendo: Puede el
Huila volver a entregar la administración del departamento a quienes han sido
cuestionados políticamente y administrativamente por la forma como manejaron
los recursos públicos y la obras durante administraciones anteriores? Dr.
Julio, la pregunta es dura. Pero así tiene que ser amigo mío, porque aquí no
estamos hablando de pequeñas equivocaciones administrativas. Estamos hablando
de corrupción a través de obras contratadas con recursos públicos sin terminar
o terminadas a medias, de proyectos sometidos a investigaciones y miles de
millones de pesos que pertenecen a todos los huilenses, que se encuentran
embolatados.
Entre otros casos están los
llamados Colegios de la Felicidad. Un proyecto adjudicado inicialmente por una
suma considerable $37.600 millones de pesos, que posteriormente tuvo adiciones
llegando hasta los $47.800 millones de pesos, suspensiones y problemas de
ejecución, y que terminó convertido en uno de los mayores desfalcos económicos
en el departamento. Sobre este contrato existen actuaciones de los organismos
de control que establecieron responsabilidades individuales de quienes tuvieron
el manejo de los destinos del departamento. Y están también obras viales:
Garzon-Puerto Alegría; cruce Saladoblanco -Oporapa; Garzón – San Antonio del
Pescado; La doble calzada Los Cauchos – Rivera; Neiva-Palermo; Neiva- Cucara;
Tello -Baraya; San Agustín -Obando; la canalización de Rio Frio en Campoalegre.
No son simples nombres escritos en el papel, son carreteras, obras de
infraestructura y proyectos que debieron convertirse en desarrollo para esos
municipios y todo quedo arropado por un manto de corrupción pestilente. La
listan es muy larga. Por eso hemos dicho que llegando a la gobernación
escribiremos el libro de la verdad sobre la contratación pública de los últimos
25 años.
En los casos de Garzón –
Puerto Alegría y Oporapa - Cruce Saladoblanco, por ejemplo, la contraloría
declaro en 2021, el incumplimiento del contratista y señalo afectaciones
contractuales por $3.278 millones de pesos dentro de un contrato de $40.000
millones de pesos. Luego vino el siguiente gobernador y, sin empacho, abrió una
nueva licitación con el mismo objeto, desconociendo las pólizas de garantías
del anterior contrato y lo repitió el actual gobierno. Tapen y tapen. Aquí, mi
estimado Candido, ¿le pregunta no es solamente quien incumplió?, sino ¿quién
responde por ella?
Dr. Julio, pero algunos de esos hechos
ocurrieron hace años. Precisamente amigo Candido, por eso hay que recordar la
historia. Porque la memoria publica es una forma de control ciudadano. Razón para afirmar que el departamento
necesita experiencia, sí. Pero experiencia acompañada de resultados,
transparencia, capacidad administrativa y responsabilidad frente al patrimonio
público. Quiero comentarle, mi estimado amigo, que vi y escuché el miércoles 30
de septiembre al candidato a la alcaldía de Garzon al Ingeniero Edgar Bonilla,
dos veces alcalde la capital Diocesana, con el periodista Jorge Parga decir,
que la experiencia es fundamental para que la gente pueda tener confianza en
quien deba ser el nuevo gerente de la cosa pública: y se hacia esta pregunta: ¿Esta
el Huila dispuesto a entregar nuevamente la administración de sus intereses a
personas cuya experiencia, en el manejo de una empresa como es el departamento
del Huila, todavía no ha sido demostrada?
Lo que está en juego, no es
cualquier cosa: es quien va a administrar los recursos, las obras y el futuro
de todo el Huila. En esa decisión no se puede improvisar. Ve, mi querido amigo
Candido, ¿que el tema no es pan comido?
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