La decisión judicial ratificó la sentencia de primera instancia y concluyó que las publicaciones cuestionadas, relacionadas con la gestión de un exfuncionario público, no vulneraron sus derechos fundamentales.
El Juzgado Segundo Penal del Circuito de
Pitalito confirmó el fallo de primera instancia que negó el amparo solicitado
por Óscar Humberto Cuéllar Castro contra Luis Eduardo Losada Martínez, en una
controversia judicial originada por publicaciones difundidas en Facebook y
TikTok, en las que se cuestionaba la gestión del primero durante su paso por la
Secretaría de Educación Municipal y la Corregiduría de Palmarito.
POR:
RODRIGO ROJAS GARZÓN
Periodista
Huila Hoy
prensarodrigorojasg@gmail.com
La
decisión, proferida el 13 de noviembre de 2026 por el juez Kevin Armando
Ramírez Bonilla, resolvió la impugnación presentada por Cuéllar Castro, quien
consideraba que los contenidos publicados afectaban sus derechos fundamentales
a la honra, el buen nombre, la dignidad humana, la imagen y la presunción de
inocencia.
El
accionante había solicitado inicialmente que se ordenara retirar cuatro videos
de las plataformas digitales, publicar retractaciones públicas, ofrecer
disculpas y evitar nuevas publicaciones que, a su juicio, resultaran
injuriosas, calumniosas o estigmatizantes.
Sin
embargo, el despacho judicial determinó que no existían elementos suficientes
para revocar la sentencia del Juzgado Cuarto Penal Municipal de Pitalito, que
el 7 de octubre de 2026 había negado la protección de varios de los derechos
invocados y declarado improcedente la tutela frente a otros.
La controversia por las publicaciones
De
acuerdo con el expediente, los videos fueron publicados durante septiembre de
2026 y contenían cuestionamientos sobre la gestión administrativa del
accionante en el desempeño de sus funciones como Secretario de Educación del
Municipio de Pitalito, particularmente en asuntos relacionados con permisos
concedidos a docentes, manejo de recursos superiores a los 11.000 millones de
pesos, condiciones precarias de la infraestructura educativa y un episodio
relacionado con el supuesto hurto de una gallina durante su desempeño como
corregidor de Palmarito.
Cuéllar
Castro sostuvo que algunas de esas expresiones no podían considerarse simples
opiniones, porque involucraban hechos concretos susceptibles de verificación y
que, según argumentó, carecían de suficiente respaldo probatorio.
También
manifestó que las publicaciones habían alcanzado una considerable difusión.
Según los datos aportados en la tutela, para el 17 de septiembre los contenidos
acumulaban conjuntamente 189.700 reproducciones, 512 comentarios, 5.964
reacciones y 1.244 compartidos.
Por
esa razón, durante la impugnación insistió en que debía diferenciarse entre las
críticas legítimas a su desempeño como servidor público y las afirmaciones que
pudieran presentar como ciertos hechos no comprobados.
¿Qué
tuvo en cuenta el juez?
Al
estudiar el recurso, el Juzgado Segundo Penal del Circuito recordó que la
libertad de expresión, consagrada en el artículo 20 de la Constitución
Política, tiene una protección reforzada cuando se ejerce en escenarios de
debate público y control ciudadano sobre la gestión de quienes desempeñan o han
desempeñado funciones públicas.
No
obstante, precisó que esta garantía no es absoluta y que debe armonizarse con
los derechos a la honra y al buen nombre.
En
ese sentido, retomó la jurisprudencia de la Corte Constitucional, especialmente
las sentencias SU-274 de 2019 y SU-420 de 2019, para explicar la diferencia
entre la libertad de opinión y la libertad de información.
Mientras
las opiniones y los juicios de valor están protegidos por su naturaleza
subjetiva, las informaciones sobre hechos concretos deben cumplir criterios de
veracidad e imparcialidad.
Sobre
las referencias a los recursos públicos y la gestión educativa, el despacho
consideró que las expresiones utilizadas por el creador de contenido, aunque
podían resultar incómodas, ásperas o molestas, estaban enmarcadas en una
crítica a la administración de recursos y no constituían una afirmación
categórica de que el exfuncionario se hubiera apropiado de dineros públicos o
cometido un delito.
Respecto
a las denuncias sobre quejas por mal estado de la infraestructura educativa, el
juez señaló que existían cuestionamientos de integrantes de la comunidad
educativa y una comunicación del Ministerio de Educación Nacional mediante la
cual se trasladó una denuncia a la autoridad municipal.
Sin
embargo, hizo una precisión importante: la existencia de una queja o su
traslado administrativo no demuestra, por sí sola, que todos los hechos
denunciados sean verdaderos. Su valor, en este caso, fue contextualizar la
discusión pública sobre las condiciones de las instituciones educativas.
El episodio de la gallina y las referencias a posibles delitos
Uno
de los aspectos examinados fue la publicación relacionada con el supuesto hurto
de una gallina durante el ejercicio de las funciones de Cuéllar Castro como
corregidor de Palmarito.
El
accionante había presentado una certificación de esa dependencia, expedida el
17 de septiembre, en la que se hizo constar que no existía denuncia formal en
su contra por ese hecho ni por otra conducta.
Frente
a este punto, el juzgado aclaró que la ausencia de una denuncia formal no
demuestra necesariamente que el episodio nunca hubiera ocurrido. Sin embargo,
tampoco encontró pruebas suficientes para establecer que el accionado hubiera
presentado deliberadamente una imputación falsa como un hecho cierto.
En
consecuencia, consideró que no estaban acreditados los presupuestos
constitucionales para ordenar una rectificación.
También
examinó las referencias a una supuesta intimidación o constreñimiento y
concluyó que correspondían a la interpretación que el accionado hizo de las
comunicaciones recibidas por parte del accionante, sin que se hubiera
presentado ante la audiencia una declaración judicial de responsabilidad penal.
Un llamado al respeto en el debate público
Otro
aspecto relevante de la providencia es que el juez reconoció que algunas
expresiones utilizadas en los videos pudieron ser descorteses, mordaces o
descomedidas, pero consideró que, examinadas integralmente y dentro de su
contexto, no superaron los límites constitucionales de la libertad de
expresión.
Asimismo,
indicó que los comentarios ofensivos realizados por terceros no podían
atribuirse automáticamente al creador de contenido, sin demostrar su
intervención o responsabilidad en su difusión.
La
decisión también mantuvo el exhorto formulado en primera instancia para que
ambas partes desarrollen sus controversias públicas respetando los derechos
ajenos y evitando utilizar aspectos de la intimidad personal como mecanismos de
descalificación.
El
despacho aclaró que este llamado no representa una prohibición para formular
críticas sobre la gestión pública, sino una invitación preventiva al respeto de
las garantías constitucionales.
La decisión judicial
Finalmente,
el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pitalito resolvió confirmar la
sentencia de tutela del 7 de octubre de 2026, por considerar que no se acreditó
una vulneración de los derechos fundamentales invocados por el accionante.
Por
consiguiente, no ordenó retirar los videos de Facebook y TikTok, publicar
retractaciones ni efectuar rectificaciones.
La
actuación será remitida a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Análisis:
libertad de expresión y responsabilidad ciudadana.
Este
caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión de especial importancia para la
democracia local: hasta dónde llega la libertad de expresión y cuáles son las
responsabilidades de quienes utilizan las redes sociales para cuestionar a los
funcionarios públicos.
La
decisión judicial recuerda que los servidores y exservidores públicos están
sometidos al escrutinio ciudadano y que la crítica a su gestión no puede
confundirse automáticamente con una vulneración de sus derechos personales.
Sin
embargo, también deja una advertencia: la libertad de expresión no constituye
una autorización para divulgar información falsa, formular acusaciones sin
fundamento o presentar como demostradas responsabilidades que no han sido
establecidas judicialmente.
En
una sociedad donde las redes sociales se han convertido en escenarios de debate
político y control ciudadano, la crítica debe estar acompañada de
responsabilidad, contexto y respeto por los derechos de los demás.
La
transparencia de la administración pública exige ciudadanos con libertad para
preguntar, investigar y cuestionar, pero también exige que quienes informan y
opinan comprendan la diferencia entre una denuncia, una sospecha, una opinión y
un hecho probado.
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