El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Neiva admitió la acción popular que busca proteger la moralidad administrativa y el patrimonio público de Pitalito, ante la controversia por la posible permuta o enajenación del inmueble entregado a EMPITALITO mediante el Acuerdo Municipal 035 de 2001.
La
controversia por el futuro del predio público donde funciona EMPITALITO llegó a
los estrados judiciales. El Juzgado Primero Administrativo de Neiva admitió una
acción popular contra la empresa de servicios públicos y el Municipio de
Pitalito, en la que se advierte sobre una posible afectación de la moralidad
administrativa y la defensa del patrimonio público. El Concejo Municipal
también fue vinculado al proceso.
POR: RODRIGO ROJAS GARZÓN
Periodista Huila Hoy
prensarodrigorojasg@gmail.com
El
debate jurídico y administrativo alrededor de la posible permuta o enajenación
de un inmueble de propiedad pública relacionado con la Empresa de Servicios
Públicos de Pitalito, EMPITALITO E.S.P., tomó una nueva dimensión luego de que
el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Neiva admitiera una
acción popular presentada por José Roberto Cajiao Falla.
La
decisión, contenida en un auto del 10 de noviembre de 2026, abre formalmente un
proceso judicial cuyo propósito es establecer si las actuaciones promovidas por
la Alcaldía de Pitalito y la Junta Directiva de EMPITALITO podrían representar
una amenaza para los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la
defensa del patrimonio público.
Una
discusión sobre el patrimonio público
De
acuerdo con el documento judicial, la acción popular fue presentada contra
EMPITALITO y el Municipio de Pitalito, señalando presuntas irregularidades en
las actuaciones que se adelantarían para disponer de un inmueble entregado
gratuitamente a la empresa mediante el Acuerdo Municipal 035 del 27 de agosto
de 2001.
El
accionante sostiene que el alcalde de Pitalito, Yider Luna Joven, en su
condición de presidente de la Junta Directiva de EMPITALITO, habría promovido
actuaciones jurídicas encaminadas a materializar la permuta del predio.
Uno
de los aspectos centrales de la controversia es determinar si la Junta
Directiva de la empresa tiene facultades legales para modificar la destinación
del inmueble o autorizar su eventual enajenación, sin que previamente exista
una decisión del Concejo Municipal que permita modificar las condiciones
establecidas en el acuerdo 035 DE 2001 mediante el cual fue entregado.
En
sus pretensiones, el demandante solicita que se declare que las actuaciones
tendientes a permutar o enajenar el bien constituyen una amenaza contra la
moralidad administrativa y el patrimonio público. También pide que EMPITALITO,
su Junta Directiva y la Alcaldía se abstengan de suscribir contratos, promesas
de compraventa, escrituras públicas o cualquier otro acto que comprometa la
titularidad del inmueble, hasta que el Concejo Municipal resuelva de fondo
sobre su destinación.
La urgencia que llevó el caso a los tribunales
Uno
de los elementos que tuvo en cuenta el juzgado para admitir la demanda fue el
argumento de urgencia presentado por el accionante.
Según
la demanda, existía una sesión de la Junta Directiva de EMPITALITO programada
para el miércoles 11 de noviembre de 2026, en la que se podría adoptar una
decisión sobre la permuta, cesión o enajenación del inmueble.
El
demandante advirtió que, de concretarse esa decisión, posteriormente podrían
suscribirse y registrarse los instrumentos públicos correspondientes, lo que,
en su criterio, ocasionaría un perjuicio irreversible al patrimonio público.
Por
esa razón, solicitó una medida cautelar de urgencia para suspender
provisionalmente cualquier actuación, votación, contrato o decisión relacionada
con la disposición del predio.
Sin
embargo, es importante precisar que el juzgado no concedió ni negó esa medida
en el auto admisorio. La providencia señala expresamente que la solicitud será
estudiada y resuelta en un cuaderno separado.
¿Qué decidió realmente el juzgado?
El
aspecto jurídico más importante de la providencia es que el despacho admitió la
acción popular, pero dejó claro que esta determinación no significa que las
irregularidades denunciadas estén demostradas.
El
juzgado consideró procedente aplicar la excepción al requisito de reclamación
previa contemplado en el artículo 144 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), debido a
la posible inminencia de un perjuicio irremediable contra los derechos
colectivos invocados.
Esta
disposición permite acudir directamente ante la justicia cuando exista un
peligro inminente que justifique prescindir de la reclamación administrativa
previa.
Asimismo,
el despacho determinó que la demanda cumplía los requisitos formales
establecidos en el artículo 18 de la Ley 472 de 1998, norma que regula las
acciones populares.
En
consecuencia, ordenó vincular al Concejo Municipal de Pitalito como sujeto
pasivo del proceso, teniendo en cuenta los hechos y documentos aportados por el
demandante.
También
dispuso notificar a EMPITALITO, al Municipio y al Concejo, otorgándoles un
término de diez días para contestar la demanda. De igual manera, ordenó
comunicar la actuación al Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la
Personería Municipal.
Otro
punto relevante es la obligación impuesta a las entidades involucradas de
publicar, durante un término no inferior a diez días, un aviso visible en sus
medios electrónicos oficiales, con la información principal de la acción
popular, copia de la demanda y de la providencia judicial.
Esta determinación busca garantizar que la ciudadanía conozca la existencia del proceso y pueda estar informada sobre una controversia que involucra un bien de interés público.
Más allá de las diferencias políticas o administrativas que puedan existir alrededor del futuro del inmueble, este proceso plantea una discusión de fondo sobre la responsabilidad de los gobernantes y de los directivos de las empresas públicas en la protección de los bienes del Estado.
La
Constitución Política establece, en su artículo 2, que las autoridades están
instituidas para proteger a todas las personas y asegurar el cumplimiento de
los deberes sociales del Estado. El artículo 209 dispone que la función
administrativa debe desarrollarse con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, imparcialidad y publicidad.
Por
su parte, el artículo 88 constitucional establece la protección de los derechos
e intereses colectivos, entre ellos aquellos relacionados con el patrimonio
público y la moralidad administrativa, desarrollados por la Ley 472 de 1998.
En
ese contexto, la discusión sobre el predio de EMPITALITO no debería reducirse a
una confrontación entre la Administración Municipal y quienes cuestionan la
operación. Lo verdaderamente importante es que cualquier decisión sobre un
inmueble público tenga sustento jurídico, técnico, económico y administrativo,
y que se demuestre que responde al interés general.
Si
existe una destinación específica establecida mediante acuerdo municipal,
corresponde establecer con rigor cuáles son sus alcances, qué autoridad tiene
competencia para modificarla y cuáles son los procedimientos que deben
cumplirse. Ninguna decisión administrativa puede desconocer las competencias
legales ni las condiciones que regulan el manejo de los bienes públicos.
De
igual manera, si la Administración considera que una permuta representa una
oportunidad para el municipio o para la empresa de servicios públicos, tiene la
responsabilidad de explicar públicamente sus razones, presentar los estudios
que la respaldan, justificar la conveniencia económica y demostrar que no se
está comprometiendo injustificadamente el patrimonio colectivo.
La
transparencia no debe entenderse como un obstáculo para la gestión pública. Por
el contrario, es una condición indispensable para que las decisiones de los
gobernantes tengan legitimidad y confianza ciudadana.
La
admisión de esta acción popular representa un nuevo escenario de control
judicial sobre una decisión administrativa que ha generado inquietudes en
Pitalito. No significa que el alcalde, la Junta Directiva de EMPITALITO o los
funcionarios involucrados hayan sido declarados responsables de alguna
irregularidad, ni que la operación de permuta haya sido anulada o suspendida.
Será
el desarrollo del proceso el que permita establecer si las actuaciones
cuestionadas se ajustan a la Constitución, la ley y las competencias de cada
autoridad.
Entretanto,
la ciudadanía tiene derecho a conocer qué se pretende hacer con este inmueble,
cuáles son las razones que justifican una eventual negociación, qué beneficios
obtendría EMPITALITO y qué garantías existen para proteger los recursos y
bienes públicos.
El
mensaje institucional debe ser claro: el patrimonio de los laboyanos no
pertenece a una administración, ni al alcalde de turno, no puede manejarse bajo criterios de
conveniencia política o personal. Su disposición exige legalidad,
transparencia, responsabilidad y decisiones debidamente sustentadas en el
interés general.
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