La Fiscalía señala al funcionario de presuntamente exigir 250 mil pesos mediante transferencia por NEQUI a un ciudadano para evitar la inmovilización de una motocicleta y la imposición de comparendos. Fue imputado por el delito de concusión, cargo que no aceptó.
Por: Redacción Judicial
Un agente de tránsito de
Pitalito fue judicializado por presuntamente utilizar su autoridad para exigir
dinero a un ciudadano a cambio de evitar un procedimiento de tránsito. Se trata
de Jorge Eduardo García Palacios, quien fue capturado por servidores del Cuerpo
Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional.
Un juez de control de
garantías le impuso medida de aseguramiento en su lugar de domicilio, mientras
avanza el proceso penal en su contra.
De acuerdo con la Fiscalía
General de la Nación, los hechos ocurrieron el 19 de abril de 2024, en
inmediaciones de la Alcaldía Municipal de Pitalito.
En ese momento, la víctima se
movilizaba en una motocicleta junto con otra persona cuando fue requerida por
García Palacios, quien verificó la documentación del vehículo.
Según la investigación, el
agente habría establecido que el conductor no tenía licencia de conducción y
que había cometido varias infracciones de tránsito que podrían ocasionar la
inmovilización de la motocicleta y multas cercanas a los cuatro millones de
pesos.
Sin embargo, presuntamente le
manifestó al ciudadano que podía evitarle ese procedimiento, siempre y cuando
le transfiriera dinero mediante una aplicación bancaria.
Imputación por concusión
Tras las labores
investigativas, servidores del CTI, con el acompañamiento de la Policía
Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra el funcionario en
Pitalito.
Posteriormente, un fiscal de
la Unidad de Administración Pública de la Seccional Huila le imputó el delito
de concusión, conducta que se configura cuando un servidor público, abusando de
su cargo o funciones, induce o exige a alguien dinero o algún beneficio
indebido.
Durante la audiencia, García
Palacios no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. No obstante, el juez
de control de garantías determinó imponerle medida de aseguramiento en su lugar
de domicilio y separarlo de sus funciones como agente de tránsito.
El caso pone nuevamente en
discusión la transparencia que debe caracterizar los procedimientos de tránsito
y el comportamiento de los funcionarios encargados de hacer cumplir las normas.
La autoridad que se les confiere debe estar al servicio de la ciudadanía y
nunca convertirse en un instrumento para obtener beneficios particulares.
Ahora será la justicia la
encargada de establecer la responsabilidad del agente frente a los hechos
investigados. Es importante recordar que la imputación de cargos y la medida de
aseguramiento no constituyen una condena; el procesado conserva su presunción
de inocencia mientras no exista una decisión judicial definitiva.
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