Nueve ataques con drones
contra la Fuerza Pública fueron registrados entre el 7 de agosto y el 16 de
octubre en seis municipios del Huila. Ante la reiteración de estos hechos, el
mandatario departamental solicitó acelerar los compromisos de seguridad anunciados
durante el Consejo de Seguridad Ministerial realizado en Neiva.
Por: Redacción Actualidad
La continuidad de los ataques
con drones contra integrantes de la Fuerza Pública encendió nuevamente las
alarmas en el Huila. El gobernador Rodrigo Villalba Mosquera solicitó al
Gobierno Nacional acelerar la implementación de las medidas de seguridad anunciadas
el pasado 9 de octubre, durante el Consejo de Seguridad Ministerial realizado
en Neiva, al considerar que la situación exige respuestas oportunas para
proteger tanto a los uniformados como a la población civil.
De acuerdo con el consolidado
oficial citado por la Gobernación, entre el 7 de agosto y el 16 de octubre se
registraron nueve hechos relacionados con esta modalidad de ataque en Teruel,
Algeciras, La Plata, Neiva, Aipe y Palermo.
La reiteración de estos
episodios evidencia la necesidad de fortalecer las capacidades de prevención,
inteligencia y reacción de las autoridades frente al uso de drones por parte de
grupos armados ilegales.
Tres medidas prioritarias para
reforzar la seguridad
El mandatario departamental
pidió dar prioridad a tres compromisos considerados fundamentales para mejorar
la protección de la Fuerza Pública en el territorio.
El primero consiste en
acelerar la dotación de sistemas antidrones para la Policía Nacional y el
Ejército, con el fin de fortalecer la capacidad de detección y respuesta frente
a este tipo de amenazas.
El segundo es ejecutar con
urgencia el enmallado y la protección perimetral de once estaciones de Policía
identificadas durante el Consejo de Seguridad. Estas intervenciones buscan
mejorar las condiciones de seguridad de las instalaciones policiales, especialmente
ante posibles ataques desde el aire.
La tercera solicitud apunta a
adelantar, si las condiciones lo permiten, el regreso de la Fuerza de
Despliegue Rápido (FUDRA), cuyo despliegue en el Huila fue anunciado para
noviembre.
“Reconocemos la disposición
del Gobierno Nacional y los compromisos adquiridos en Neiva. Pero los hechos de
las últimas horas hacen necesario anticipar su cumplimiento. Nuestros policías
y soldados necesitan herramientas para enfrentar esta amenaza”, manifestó
Villalba Mosquera.
El gobernador también pidió
fortalecer las labores de inteligencia e investigación judicial para
identificar y llevar ante la justicia a los responsables de los ataques.
La población civil, entre los
principales riesgos
Uno de los aspectos que más
preocupa a la Administración Departamental es la ubicación de varias estaciones
de Policía cerca de zonas residenciales, establecimientos comerciales e
instituciones educativas.
En esos sectores, un ataque
dirigido contra una instalación de la Fuerza Pública puede poner en peligro a
personas ajenas al conflicto, incluidos niños, estudiantes, trabajadores,
familias y transeúntes.
Por esta razón, el gobernador
hizo un llamado directo a los grupos armados ilegales para que respeten a la
población civil y se abstengan de realizar acciones que pongan en riesgo la
vida de las comunidades.
“No existe justificación para
poner en peligro a niños, familias y comunidades enteras. La vida de los
ciudadanos debe ser respetada”, afirmó.
La advertencia pone de relieve
que la amenaza no se limita a los integrantes de la Fuerza Pública, sino que
también puede afectar la seguridad cotidiana de los habitantes de los
municipios donde se han registrado estos hechos.
Inseguridad también golpea la
economía regional
Villalba Mosquera advirtió que
las consecuencias de la violencia trascienden el ámbito operativo y militar. La
persistencia de los ataques genera temor e incertidumbre, afecta la movilidad
de las comunidades y puede repercutir en sectores como el turismo, el comercio,
la inversión y el empleo.
El mandatario señaló que el
Huila necesita condiciones de seguridad que permitan consolidar sus actividades
productivas y mantener la confianza de visitantes, empresarios y habitantes.
“Sin seguridad no hay nada. El
Huila ha trabajado para abrir oportunidades, atraer visitantes y fortalecer su
economía. No podemos permitir que el temor frene ese esfuerzo. El Estado debe
actuar con oportunidad y presencia efectiva en los territorios”, sostuvo.
Coordinación institucional
para cumplir los compromisos
La Gobernación reiteró su
respaldo a la Policía Nacional y al Ejército, así como su disposición para
trabajar de manera coordinada con los ministerios competentes, las alcaldías y
las demás instituciones responsables de la seguridad.
El llamado departamental busca
que los anuncios realizados en el Consejo de Seguridad Ministerial se
conviertan en acciones concretas, con resultados oportunos en los municipios
afectados.
El registro de nueve hechos
con drones en seis municipios del Huila plantea un desafío para las autoridades
en materia de prevención, protección de instalaciones y seguridad ciudadana. La
solicitud del gobernador Rodrigo Villalba apunta a acelerar las medidas
acordadas, reforzar la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública y reducir
los riesgos para las comunidades.
Ahora, la atención está puesta
en el cumplimiento de los compromisos del Gobierno Nacional, particularmente en
la llegada de los sistemas antidrones, la protección de las once estaciones de
Policía y el despliegue de la FUDRA. Para el departamento, la prioridad es que
las medidas anunciadas se traduzcan en mayor seguridad y tranquilidad para los
huilenses.
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