El asesinato de Miguel Utribe Turbay no puede convertirse en otro crimen que termine sepultado bajo el manto de la impunidad. Colombia tiene derecho a conocer toda la verdad, a identificar a los autores materiales e intelectuales y, sobre todo, a saber, quien dio la orden de acabar con la vida de un excelso dirigente político que representaba una nueva generación de liderazgo nacional.
Las
recientes revelaciones de su esposa, sobre unos mensajes que comprometerían al
vocero de las Farc en el congreso, alias Marcos Calarcá, como determinador del
crimen, han encendido las alarmas del pais. ¡Que paradoja tan dolorosa para
nuestra democracia! Quienes recibieron, mediante el acuerdo de paz de la
Habana, la posibilidad de incorporarse a la vida política nacional, aparezcan
señalados de ser quienes presuntamente dieron la orden del crimen del ilustre
colombiano. El pais acepto, después de que el gobierno de Santos violentara la
constitución con el desconocimiento del plebiscito esa transición, bajo la
promesa de que abandonarían definitivamente la violencia, contribuiría a la
reparación de sus víctimas y a la paz en Colombia.
La
historia reciente de Colombia nos deja dos experiencias que merecen una
reflexión profunda. Durante el gobierno de Andrés Pastrana se concedió a las
Farc el despeje de 42.000 kilómetros cuadrados en el territorio nacional para
adelantar negociaciones, equivocación histórica, que termino convirtiéndose en
una estrategia a favor de los grupos narcoterroristas que se aprovecharon para
fortalecerse militarmente y económicamente con el sucio negocio del
narcotráfico, y continuar con sus actividades criminales.
Años
después durante el gobierno de Juan Manuel Snatos se produjo otro despeje, esta
vez de naturaleza diferente, pero de profundas consecuencias políticas e
institucionales. Si en el Caguán se cedió territorio, en la Habana Santos
concedió espacios de representación política al interior del Congreso de la
Republica a quienes habían combatido violentamente al Estado Colombiano. Cinco
curules en Senado y cinco en la Cámara de Representantes, fueron parte del
despeje y concesiones institucionales del acuerdo. Sin ninguna garantía para
impedir que algunos de sus beneficiarios continuaran delinquiendo desde sus
curules. Como lo hacen los peores criminales desde las cárceles.
Aquí
aparece una responsabilidad histórica que Juan Manuel Santos no puede eludir.
Haber diseñado y promovido un acuerdo cuya legitimidad dependía, precisamente
del compromiso de las Farc de abandonar para siempre la criminalidad. Si las
investigaciones sobre el asesinato de Migeul Utibe llegaren a demostrar que
Marcos Calarca, antiguo comandante de las Farc, convertido en congresista
gracias al acuerdo, participó u ordeno el crimen político, estaríamos ante una
de las mas graves contradicciones del proceso de la Habana. La paz no puede
convertirse en impunidad. Miguel Utribe y Colombia merecemos que se conozca
toda la verdad. Su muerte es para el país una causa nacional por la justicia y
por la defensa de la democracia. Julio Bahamon.
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