Líderes sociales, comunidades campesinas y propietarios de predios solicitan al Gobierno nacional que cumpla los compromisos pactados para revisar los avalúos catastrales y evitar incrementos desproporcionados en el impuesto predial.
La líder Tatiana Muñoz
encabeza las solicitudes para que el Gobierno nacional avance en el
cumplimiento de los acuerdos alcanzados en abril de 2026, relacionados con la
actualización catastral. Las comunidades reclaman revisiones técnicas,
controles a los operadores privados y garantías para que los nuevos avalúos no
se traduzcan en cobros excesivos a los propietarios.
Por: Redacción Actualidad
La inconformidad por los
incrementos en los avalúos catastrales continúa generando solicitudes de
intervención al Gobierno nacional. Organizaciones sociales, comunidades
campesinas, veedurías ciudadanas y representantes de sectores económicos piden
que se cumplan los compromisos establecidos durante las mesas de concertación
realizadas en abril de 2026, luego de las protestas y bloqueos registrados en
diferentes regiones del país.
Las peticiones, encabezadas
por la líder Tatiana Muñoz, se concentran en la revisión de posibles
inconsistencias en los procesos de actualización, la aplicación de medidas para
moderar los incrementos y la evaluación del trabajo realizado por los gestores
y operadores catastrales contratados para recopilar la información predial.
Reclaman cumplimiento de los
acuerdos
Uno de los principales
reclamos está relacionado con los compromisos concertados con participación del
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el Ministerio del Interior y el
Departamento Nacional de Planeación, con acompañamiento de la Defensoría del
Pueblo.
Según las solicitudes de las
comunidades, es necesario avanzar en la revisión técnica de los avalúos que
presentan diferencias significativas frente a las características reales de los
predios. Entre las inconformidades expuestas se encuentran posibles errores en
la medición de áreas, inconsistencias en la información registrada y aumentos
que los propietarios consideran desproporcionados.
Los afectados solicitan que
las entidades responsables establezcan mecanismos efectivos para recibir y
resolver reclamaciones, corregir la información cuando corresponda y explicar
los criterios técnicos utilizados para determinar los nuevos valores catastrales.
La actualización catastral
hace parte de la implementación del Catastro Multipropósito, una herramienta
destinada a mejorar la información física, jurídica y económica de los predios
del país. Sin embargo, las comunidades advierten que su aplicación debe
acompañarse de procedimientos transparentes, información clara y mecanismos
oportunos para corregir errores.
Piden aplicar medidas para
moderar los incrementos
Otro de los puntos centrales
es la aplicación de la Resolución 0384 de 2026 del IGAC, señalada por los
reclamantes como un instrumento para que las autoridades competentes puedan
ajustar a la baja determinados porcentajes de incremento de los avalúos, mediante
los actos administrativos correspondientes.
Los líderes solicitan que
estas disposiciones se traduzcan en decisiones concretas y que se informe a las
comunidades sobre su alcance, los territorios cobijados y los procedimientos
que deben seguirse para su aplicación.
El propósito, aseguran, es
evitar que las diferencias entre los nuevos avalúos y la capacidad económica de
los propietarios se conviertan en una carga difícil de asumir, especialmente
para familias campesinas y pequeños productores.
Solicitan revisar la actuación
de operadores privados
Las reclamaciones también se
dirigen a los gestores y operadores catastrales privados que participaron en
los procesos de actualización. Las comunidades piden que se revisen los
contratos, las metodologías utilizadas y la calidad de la información recopilada
en terreno.
La solicitud busca establecer
responsabilidades cuando se comprueben errores y garantizar que los operadores
atiendan las observaciones presentadas por los propietarios. No obstante,
cualquier atribución de responsabilidad debe sustentarse en revisiones técnicas
y procedimientos administrativos que permitan establecer las circunstancias de
cada caso.
Los reclamantes consideran que
la revisión no debe limitarse a corregir registros individuales, sino que
también debe identificar posibles fallas recurrentes que puedan estar afectando
a numerosos predios dentro de una misma jurisdicción.
El impuesto predial, otra
preocupación
El aumento de los avalúos
también ha despertado preocupación por sus posibles efectos en el Impuesto
Predial Unificado. Aunque el avalúo catastral constituye una referencia para la
liquidación del tributo, no equivale automáticamente al valor que debe pagarse:
el impuesto depende, entre otros factores, de las tarifas y reglas tributarias
aplicables en cada municipio.
Por ello, las organizaciones
piden al Gobierno nacional y a las administraciones municipales fortalecer la
pedagogía, verificar la aplicación de los límites legales y ofrecer información
comprensible sobre la liquidación del impuesto.
En este punto cobra relevancia
la Ley 1995 de 2019, que estableció límites al crecimiento del impuesto predial
para determinados predios, con condiciones y excepciones previstas en la propia
norma. La aplicación de estos topes debe analizarse según las características
del inmueble y las disposiciones vigentes; no se trata de una garantía
universal de que todos los predios tendrán un incremento máximo del 50 %.
Los propietarios también han
planteado la posibilidad de aplazar la aplicación de las actualizaciones en los
territorios donde persistan inconsistencias. Esta petición requiere una
respuesta expresa de las autoridades competentes, que precise su viabilidad
jurídica y las medidas transitorias que puedan adoptarse mientras se resuelven
las reclamaciones.
El reclamo de Tatiana Muñoz y
de las organizaciones sociales pone nuevamente sobre la mesa el desafío de
conciliar la modernización de la información catastral con la capacidad
económica de las comunidades. El cumplimiento verificable de los acuerdos, la
revisión de los casos cuestionados y la claridad sobre los efectos tributarios
serán determinantes para responder a las inquietudes ciudadanas.
Más allá de las mesas de
diálogo, los afectados esperan conocer resultados concretos, cronogramas de
revisión y canales eficaces para corregir errores. La actualización catastral
requiere información confiable y procedimientos transparentes, pero también
respuestas oportunas que brinden seguridad jurídica a los propietarios y eviten
que las inconsistencias comprobadas se traduzcan en cobros indebidos.
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